La reforma fiscal de Trump pretende principalmente favorecer a las empresas, a sus propietarios y a sus directivos. El primer propósito ha supuesto la disminución del tipo federal del impuesto de sociedades del 35% al 21% y la reducción del ámbito de aplicación del tributo. Antes era la economía mundial, a partir de ahora solo lo será el territorio de Estados Unidos.

Previamente, cualquier beneficio obtenido en el extranjero, aunque ya se le hubiera aplicado un gravamen en el país de origen, tributaba en EEUU al tipo federal. Desde 2018 lo hará al 15,5%, si aquel está depositado en activos líquidos (efectivo) o fácilmente convertibles en liquidez (acciones, bonos, etc.) y al 8% si se encuentra invertido en inmuebles.

Ambas medidas aumentarán considerablemente los beneficios después de impuestos de las empresas. Además, la segunda disparará el dinero disponible para invertir en el país o repartir entre accionistas y directivos durante los próximos años. Según Moody’s, en 2017 las principales multinacionales no financieras de EE.UU tenían en liquidez 1,84 billones de dólares y un 61,4% estaba depositada en el extranjero.

Las repercusiones principales serán un aumento del precio de las acciones, un incremento de la remuneración vía dividendo de los accionistas y unos mayores ingresos para los directivos. El primero efecto vendrá principalmente por dos vías: el abaratamiento súbito de los títulos, al incorporar cada uno de ellos un mayor beneficio después del pago de impuestos, y el impulso de las adquisiciones de empresas, al sufragar casi siempre el adquirente una prima por cada acción de la compañía comprada.

 

Las repercusiones principales de la reforma fiscal de Trump serán un aumento del precio de las acciones, un incremento de la remuneración vía dividendo de los accionistas y unos mayores ingresos para los directivos

 

Unos mayores beneficios después de impuestos, incluso si disminuye el porcentaje distribuido, permitirán aumentar la rentabilidad por dividendo. Dicha medida satisfará a los accionistas más conservadores, hará que algunos compren más acciones y atraerá a otros nuevos. Al convertir la empresa en una inversión más segura, ayudará también a que incremente el precio de sus acciones.

Los principales directivos de las grandes corporaciones incrementarán sustancialmente su remuneración. El motivo será el éxito obtenido. Incluso si los beneficios generados en los distintos negocios de la empresa no han crecido, muy probablemente si lo habrán hecho los obtenidos después del pago de impuestos. Por tanto, sus ejecutivos merecerán una mayor retribución variable. Los que la verán crecer más serán los que han conseguido comprar otra empresa o los que han visto como la suya era opada con éxito por otra.

En EEUU, según Brookings Institute, aproximadamente el 95% de las empresas contribuía al fisco a través del impuesto sobre la renta, en lugar del de sociedades. Una manera de tributar que favorecía a las empresas unipersonales y pymes. El motivo era que con Obama el tipo marginal del primero solo igualaba o superaba el 35%, si los ingresos obtenidos eran muy elevados. En la mayoría de los casos, si la base imponible superaba los 416.700 dólares.

La reforma fiscal, al rebajar en una magnitud muy superior el tipo del impuesto de sociedades que los diversos de la renta, perjudicaba a las anteriores empresas. Con la finalidad de compensarlas, en el cálculo de su base imponible se les permite deducir un 20% de sus ingresos. A pesar de ello, la nueva ley sigue favoreciendo mucho más a las grandes corporaciones que a las empresas unipersonales y a las pymes. No obstante, éstas verán reducida su factura fiscal en mayor medida que los asalariados.

Un ejemplo permite observar claramente la diferencia. En 2017, un asalariado y un autónomo, ambos solteros y sin hijos, ganan el mismo importe: 80.000 dólares. Ambos tributan por el impuesto sobre la renta. Si suponemos que ninguno de ellos tiene derecho a ninguna deducción (una ficción), los dos pagan el mismo importe: 15.737 dólares (el 19,6% de sus ingresos). Después de la reforma, el primero pagará 13.539 dólares (el 16,9%) y el segundo 10.018 dólares (el 12,5%). Por tanto, el tipo impositivo del asalariado habrá disminuido en 2,7 puntos y el del empresario en 7,1. Una rebaja claramente discriminatoria, pues la aplicación de los distintos tipos medios se basa en la manera de obtener los ingresos y no en su importe.

 

De aquí a tres o cuatro años, los grandes afectados serán las clase media y trabajadora, especialmente ésta última. Para ellas, la reforma fiscal constituirá un chusco de pan hoy y una causa de hambre mañana

 

Dicha manera de proceder debería perjudicar a los rentistas. No obstante, a ellos la reforma los ha beneficiado claramente, pues aquellos forman parte de los ricos y éste es el electorado a quién Trump más quiere contentar. Lo ha hecho a través de aumentar el límite exento del impuesto de sucesiones, desde 5,5 hasta 11,2 millones de dólares. No obstante, ha incumplido su promesa electoral de eliminarlo.

En definitiva, a corto plazo, la reforma fiscal beneficiará a casi todos los ciudadanos de EEUU porque reduce los tipos impositivos e impulsa el PIB. No obstante, favorece mucho más a los ricos que a los pobres, a los empresarios y directivos que a los asalariados y a los inversores arriesgados (Bolsa) que a los prudentes (renta fija). Según la Tax Foundation, el 1% de los ciudadanos con mayores ingresos verá aumentado su poder adquisitivo en 2018 en un 7,5%, mientras que la clase media solo logrará una mejora del 1,7%.

A medio plazo, la nueva ley probablemente contribuirá decisivamente a que el país entre en recesión, al generar un gran aumento del ratio deuda pública / PIB (106,1% en 2016) y del tipo de interés a largo plazo. Según diversas estimaciones, en la próxima década, la reforma tendrá un coste neto de 1,5 billones de dólares, después de contabilizar el aumento de recaudación generado por el mayor crecimiento a corto plazo del PIB.

Si así sucede, ya verán como para reducir el déficit, el Gobierno, en lugar de subir significativamente los tipos impositivos, decide recortar los gastos públicos y, entre ellos, los de carácter social. Si el presidente es republicano, el motivo argüido muy probablemente no será un errónea política fiscal, sino un nivel del Estado de bienestar imposible de mantener. Por tanto, de aquí a tres o cuatro años, los grandes afectados serán las clase media y trabajadora, especialmente ésta última. Para ellas, la reforma fiscal constituirá un chusco de pan hoy y una causa de hambre mañana.