Esta semana comenzó el juicio por los falsos expedientes de regulación de empleo (Eres) perpetrados por la Junta de Andalucía. Nada menos que 850 millones de euros se esfumaron en la inmensa red clientelar tejida por el PSOE andaluz. La trama perduró al menos una década, desde 2000 hasta 2010. Se calcula que el botín se repartió entre decenas de millares de listillos. El juicio durará cerca de un año, por lo que no se espera sentencia hasta finales de 2018.

Lo primero que hay que señalar en este escándalo, una vez más, es la lentitud exasperante de la justicia. Es cierto que el enjuague revistió proporciones mayúsculas y abarcó múltiples tramoyas. Así se plasma en un sumario que comprende nada menos que un millón de folios apretujados en 400 tomos. Pero cerca de siete años de instrucción es demasiado tiempo. Por graves que sean los delitos, es inadmisible que los encartados soporten sobre sus cabezas la espada de Damocles de la imputación, durante un periodo tan largo.

Dos expresidentes, el eviterno Manuel Chaves y su sucesor Juan Antonio Griñán, se sientan en la banqueta. Les acompañan la dicharachera exministra Magdalena Álvarez, amén de cinco exconsejeros y casi docena y media de exviceconsejeros, directores generales y jefes de gabinete.

A Chaves se le acusa de prevaricar y sólo se le piden penas de inhabilitación. En cambio, a Griñán le achacan malversación de caudales públicos, por la cual  le pueden caer 6 años de cárcel. Ello es así porque además de lucir la máxima responsabilidad de la comunidad, ocupó también el puesto de consejero de Economía y Hacienda.

El juicio que ahora empieza compone una enmienda a la totalidad de la gestión del PSOE andaluz. Es el mayor saqueo de fondos públicos realizado nunca en España

De los más altos cargos, el que sale peor parado es José Antonio Viera, exconsejero de Empleo. La fiscalía reclama para él 8 años por malversación.

El gigantesco desfalco de dinero público se basó en la entrega de ayudas, de forma absolutamente arbitraria, ilegal y sin control alguno, a empresas que sufrían penurias económicas y se hallaban incursas en expedientes de regulación de empleo. En el contubernio participaron --cómo no-- los sindicatos UGT y CCOO, de forma muy descollante.

De lo instruido se desprende que ni Chaves ni Griñán se embolsaron un céntimo. La pasta fue a parar a una densa retahíla de paniaguados, amiguetes y secuaces del PSOE, a los cuales se coló de rondón en los Eres con el único objetivo de que se llevaran una tajada de la colosal tarta.

Esta ramificada confabulación es uno de los motivos que explica, en parte, la interminable pervivencia del partido socialista al frente de la Junta. También contribuyó a ella la práctica de un extendido enchufismo de familiares y acólitos, así como la distribución masiva de auxilios, peonadas y subvenciones de todo pelaje. De esta guisa, los tentáculos la Junta arraigaron por todo el territorio y se filtraron por sus más insondables resquicios.

El juicio que ahora empieza compone una enmienda a la totalidad de la gestión del PSOE andaluz. Este episodio significa, sin ninguna duda, el mayor saqueo de fondos públicos realizado nunca en España. Ya veremos si las condenas corresponden al monto de los caudales sustraídos. En todo caso, las pruebas acumuladas son tan contundentes, que semeja impensable que los del banquillo se vayan de rositas y salgan indemnes.