Después de cuatro décadas de democracia, los españoles otorgamos una escasa credibilidad a los programas electorales. El principal motivo es su incumplimiento sistemático. En algunas ocasiones, quien lo propuso nunca tuvo voluntad de cumplirlo; en muchas otras, lo impidieron los problemas económicos y presupuestarios.

Dichos problemas generalmente tuvieron su origen en un cambio súbito de la coyuntura económica internacional, una sobrevaloración de los ingresos públicos, una minusvaloración de los gastos presupuestarios o la ausencia de una detallada valoración del impacto económico de las propuestas del programa.

El primer factor ocurre cuando la economía mundial, pero especialmente la europea, sufre una considerable desaceleración o entra en recesión. Ambas situaciones suelen comportar una gran reducción de los ingresos públicos y un importante aumento de los gastos de carácter social. Así sucedió en España en 1993 y volvió a pasar de forma más exagerada en 2009.

Entre 2007 y 2009, los ingresos públicos pasaron del 40,9% al 34,8% del PIB. En la primera fecha, supusieron 442.050 millones de euros; en la segunda, 375.510 millones. Por tanto, la recaudación cayó un 15,1%. Por su parte, los gastos aumentaron desde el 38,9% al 45,8% del PIB. En términos absolutos, desde los 420.434 a los 494.206 millones de euros. El incremento porcentual fue del 17,5%.

Los problemas presupuestarios para cumplir las promesas electorales suelen tener su origen en un cambio súbito de la coyuntura económica internacional, una sobrevaloración de los ingresos públicos, una minusvaloración de los gastos presupuestarios o la ausencia de una detallada valoración del impacto económico de las propuestas del programa

La segunda razón tiene esencialmente que ver con la impopularidad de las subidas de impuestos. Desde que el laborista británico Neil Kinnock perdiera las elecciones generales de 1992, en gran parte por decir que iba a aumentar la presión fiscal para restaurar el Estado del bienestar, casi ningún líder con posibilidades de gobernar se ha atrevido a mentar la bicha.

En su lugar, para defender el incremento de la recaudación indicado en el programa, los partidos de derechas proponen la bajada de los tipos impositivos de uno o más tributos. Una mentira, contrastada numerosas veces de forma empírica, que sigue proporcionando buenos réditos electorales. Por el contrario, los de izquierdas confían en que una sustancial mejora de la economía ayude a lograrla.

Paradójicamente, ambos están de acuerdo en que la reducción del fraude fiscal será un elemento muy importante en el logro de los ingresos previstos. Dicho factor es equivalente al comodín de la llamada en un concurso televisivo. Constituye el recurso universal que poseen los políticos cuando son incapaces de decir nada sensato al respecto.

La tercera causa viene generada por la gran correlación que los políticos creen que existe entre promesas y votos. Por ello, en sus programas suelen realizar propuestas de nuevas inversiones y gastos sociales que no pueden cumplir. Para parecer que sí, casi siempre subestiman el coste de las primeras, así como su tiempo de ejecución. En relación a los segundos, frecuentemente infravaloran el número de beneficiarios y también el personal imprescindible para gestionar las nuevas prestaciones.

El cuarto motivo es cada vez más frecuente. En las últimas elecciones generales, ningún partido en su programa efectuó una minuciosa valoración económica de sus propuestas. Unos porque ni tan solo lo intentaron, otros porque hicieron las cuentas del Gran Capitán.

Un programa electoral no debería ser lo que una formación quiere hacer durante los próximos años, sino lo que puede efectuar en ellos, dado el futuro contexto económico. Por desgracia, ningún partido español elige la alternativa buena. Para ejecutarla, en su fase inicial debería proceder a estimar el aumento del PIB y el nivel de la tasa de inflación durante cada ejercicio de la próxima legislatura. Dichas previsiones permitirían calcular de forma aproximada el incremento de la recaudación anual, pues ésta es la suma de las dos anteriores variables más un plus, si la economía se encuentra en una fase expansiva.

Un programa electoral no debería ser lo que una formación quiere hacer durante los próximos años, sino lo que puede efectuar en ellos, dado el futuro contexto económico

Una vez obtenidos los ingresos públicos, el programa debería determinar el nivel de déficit presupuestario que el Gobierno querrá o deberá asumir en cada uno de los años. La suma de ambas partidas permitirá obtener el nivel máximo de gasto público durante ellos. Para calcular la capacidad de dispendio del nuevo Gobierno o de reducción de los tipos impositivos de distintos tributos, de la cifra anteriormente obtenida deberán principalmente restase tres importes: los intereses de la deuda, los destinados al mantenimiento de las infraestructuras y los gastos de personal, bajo la suposición de que el número de funcionarios públicos y asimilados no varía.

La cifra resultante es la que determinará lo que el nuevo ejecutivo podrá hacer. Una vez obtenida, si no pretende bajar impuestos, éste deberá decidir entre destinarla a gastos coyunturales y estructurales. La mayoría de los primeros serán inversiones en nuevas infraestructuras (autopistas, hospitales, colegios, etc.). Una gran parte de los segundos constituirá el capital destinado a un mejor mantenimiento de las existentes y a la contratación de nuevo personal, de forma directa o indirecta, para hacer llegar las prestaciones actuales a más ciudadanos o suministrarles otras nuevas.

No obstante, hay una tercera vía de gastos, que pueden ser tanto coyunturales como estructurales. Son los dispendios que ayudan a mantenerse en el poder. Ningún partido político, ni ahora ni en un próximo futuro, detallará como los piensa repartir en su programa. En concreto, constituyen un elevado número de subvenciones destinadas a lograr el favor de la denominada sociedad civil (asociaciones diversas, colegios profesionales, sindicatos, etc.).

En definitiva, al no realizar una valoración económica detallada de sus propuestas, los partidos políticos españoles nos presentan propuestas electorales tramposas. Estoy prácticamente seguro de que en las próximas elecciones catalanas ningún partido efectuará dicha valoración. Por tercera vez, el tema será independencia sí o no. Espero que los ciudadanos reaccionen y hagan que sea la última, al menos durante muchos años.