Pese a los augurios de que va a renunciar a los métodos sin cambiar los objetivos, lo cierto es que el independentismo sigue instalado en la estrategia de la confusión, que persigue primordialmente enmascarar el fiasco del procés, quitarse responsabilidades de encima y evitar en lo posible un retroceso en las elecciones del 21D.
En esta estrategia cabe incluir las delirantes declaraciones de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en las que afirmaba que la declaración unilateral de independencia (DUI) no se consumó ante las advertencias de que el Estado podía provocar “un escenario de violencia extrema con muertos en la calle” mediante armas que ya estaban entrando en Cataluña y el uso del Ejército, que ya se preparaba para intervenir. En principio, pareció una salida de tono individual, pero después Rovira fue secundada por el propio Carles Puigdemont y por significados estandartes del independentismo, como Lluís Llach, que aseguraron haber escuchado esos avisos en reuniones con el president.Y cuando la polémica ya se estaba apagando, el propio abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, volvió a repetir los mismos argumentos y aseguró que el presidente fugado a Bélgica no siguió adelante con la DUI para evitar “una masacre” de la gente que hubiera rodeado el Palau de la Generalitat para evitar que lo detuvieran.
Por más que insistan, la fábula se cae por su propio peso. De hecho, la gente se concentró en la plaza de Sant Jaume y no pasó nada. Si las advertencias, como especificó Rovira, fueron mucho antes del 27 de octubre, ¿por qué se llegó a proclamar la DUI aunque no sirviera para nada? Y, sobre todo, si las advertencias eran tan reales, fiables y creíbles como dicen todos los propagandistas de esta tesis, ¿por qué Puigdemont no convocó elecciones el día antes de la DUI explicando que lo hacía por las amenazas de violencia, como ha hecho después para justificar el fracaso? Se hubiera evitado además el artículo 155 y las elecciones no serían, como dicen, “ilegítimas”, para tener un argumento si las pierden. Si la DUI no se cumplió no fue por las supuestas amenazas de violencia, sino por la imposibilidad de controlar el territorio y de poner en marcha las “estructuras de Estado”, además de por el nulo reconocimiento internacional.
Toda la actuación de Puigdemont está orientada a que los independentistas consigan una mayoría en escaños y superen el 50% de los votos para forzar de nuevo a Rajoy a una negociación
La estrategia de la confusión es doble. Por una parte, los huidos a Bruselas, con Puigdemont a la cabeza, siguen sin aceptar el 155 y no abandonan la vía radical. En exconseller Toni Comín, después de que Oriol Junqueras atribuyera la huida de empresas a los porrazos policiales del 1-O, ha culpado también a la violencia de los antidisturbios nada menos que de la pérdida por Barcelona de la Agencia Europea del Medicamento. Y Puigdemont --mientras insta a Mariano Rajoy al diálogo, ¡pero sin volver él desde Bélgica!— prefiere renunciar a su sueldo si tiene que acatar el 155 porque se considera aún president. Toda su actuación, desde sus declaraciones radicales hasta la formación de la lista del president, está orientada a que los independentistas consigan una mayoría en escaños y superen el 50% de los votos para forzar de nuevo a Rajoy a una negociación y confiar en que la UE, entonces sí, intervenga para obligar al presidente del Gobierno a convocar un referéndum. O sea, más de lo mismo, pero sin ruptura unilateral.
Mientras tanto, los exconsellers encarcelados imitan a Carme Forcadell y a los miembros de la Mesa del Parlament, acatan el 155 en sus recursos para salir de prisión y se distancian, con un cambio de abogados incluido, de la radicalidad que proviene de Bruselas. Junqueras, con sordina, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn están en esta línea. Es una decisión muy comprensible --al menos en el inicio de la campaña electoral deberían estar todos excarcelados--, pero que quita argumentos a quienes han establecido dos bloques y descalifican, por ejemplo, al PSC por haber admitido el 155, pese a no querer ni la intervención de la autonomía ni la DUI. Por eso Miquel Iceta fue uno de los negociadores para que Puigdemont convocara elecciones el 26 de octubre, sin éxito.
Radicales en Bruselas, más moderados en Barcelona, el objetivo es cubrir todos los flancos y mantener la llama independentista para que no se pierda ningún voto de un electorado al que le pueden haber entrado dudas en su fe inquebrantable.