El encarcelamiento de buena parte del gobierno golpista de Carles Puigdemont es el colofón a otro hecho singular. Me refiero a la destitución de más de 300 altos cargos de la Generalitat. Esta criba sobrevino inmediatamente después de que, el pasado 28 de octubre, Mariano Rajoy aplicase el artículo 155 de la Constitución y la intervención temporal de la autonomía catalana.

La lista de ceses fulminantes incluye al expresidente Puigdemont, hoy fugitivo de la justicia, y a sus doce consejeros, la mitad de los cuales ya duerme en prisión por orden de Carmen Lamela, jueza de la Audiencia Nacional.

En escalones inferiores, se ha depuesto a tres centenares de directores generales, directores, secretarios, asesores, responsables de área, coordinadores, jefes de prensa, jefes de oficina y jefes de gabinete.

Así mismo, se ha eliminado la exótica plantilla de embajadores. Entre ellos se encuentra Francesca Guardiola --hermanísima del entrenador de fútbol Josep Guardiola--, que calentaba la silla en la capital danesa. Más de uno habrá caído ya en la cuenta de que el exjugador tenía razones de mucho peso para defender el procés a capa y espada.

La caterva de paniaguados a los que se ha puesto de patitas en la calle venía percibiendo jugosos emolumentos

Hay otras dos ciudadanas dignas de mención. Se trata de Mònica Osàcar y Raquel Viloca. Ocurre que son sendas hijas de los extesoreros de CDC Daniel Osàcar y Andreu Viloca, imputados en los casos del Palau de la Música y del 3%, de financiación ilícita del partido.

La contratación por el Govern de estas dos señoras vendría a ser una muestra palpable del viejo aforismo que alude a adorar el santo por la peana. Con la adoración de las hijas, el partido trató de comprar el silencio de sus progenitores sobre las fechorías perpetradas.

La caterva de paniaguados a los que se ha puesto de patitas en la calle venía percibiendo jugosos emolumentos. De su escandaloso importe dio cumplido detalle María Jesús Cañizares, subdirectora de Crónica Global, el jueves último.

Oscilan entre los 139.000 euros anuales de Puigdemont y los 44.000 de un asesor pelado. Los consejeros ingresan 110.000 por cabeza. A título de referencia, la paga de Mariano Rajoy está fijada en 79.000 euros.

En la misma línea depuradora, otra de las decisiones del consejo de ministros ha borrado del mapa varios organismos creados ad hoc para tirar adelante el procés y, de paso, colocar en ellos a un enjambre de amiguetes.

Otra de las decisiones del consejo de ministros ha borrado del mapa varios organismos creados ad hoc para tirar adelante el procés y, de paso, colocar en ellos a un enjambre de amiguetes

Se han suprimido de un plumazo tinglados estériles y solapados como la Secretaría para el Desarrollo del Autogobierno, la Oficina para la Mejora de las Instituciones del Autogobierno y la Comisión Interdepartamental sobre el Autogobierno.

La purga rajoyesca merece un par de apostillas. La primera es que casi diez días después de entrar en vigor, la maquinaria administrativa de Cataluña, lejos de resentirse, sigue funcionando sin problema alguno. No se ha notado en la calle el más mínimo incidente. Ni un solo servicio se ha deteriorado.

La segunda reflexión enlaza con la primera. La expulsión de esta banda de enchufados evidencia que los altos cometidos que venían ejerciendo revestían la condición de ser perfectamente prescindibles. De paso, los contribuyentes catalanes se van a ahorrar un buen puñado de millones en concepto de carísimos sueldos.

Queda por ver si la operación de limpieza va a proseguir, o se queda ahí. Porque subsisten organismos inútiles a porrillo. De la Generalitat cuelgan o dependen nada menos que 1.300 tinglados de toda especie y ralea, con millares de acólitos de los partidos separatistas incrustados.

El Gobierno central tiene mucho trabajo por delante hasta las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, si quiere poner coto a los incontables despilfarros de la Generalitat. ¿Se decidirá Rajoy, por fin, a embridarlos?

Su principal característica radica en que el grueso de sus respectivos dispendios se concentra en la nómina de la miríada de militantes acogidos a la sombra de esas entidades.

La lista es interminable. Abarca sociedades mercantiles, fundaciones, consejos comarcales, consorcios, mancomunidades e instituciones de variado pelaje.

Otra partida que debe expurgarse de una vez es la de las muníficas subvenciones a los medios de comunicación. El 99% de los que se editan en Cataluña recibe el correspondiente momio. En particular, se sabe de varios panfletos digitales cuyos ingresos se nutren en un 90% de la ayuda oficial y la publicidad institucional.

El Gobierno central tiene mucho trabajo por delante hasta las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, si quiere poner coto a los incontables despilfarros de la Generalitat. ¿Se decidirá Rajoy, por fin, a embridarlos?