El procés ha desatado estas últimas semanas en Cataluña una desertización societaria que no tiene precedentes ni parangón en ningún país o región de la Europa moderna. En este desdichado entuerto, los destituidos Carles Puigdemont y su vicepresidente y consejero de Economía Oriol Junqueras han batido un récord demoledor. Desde el 2 de octubre, al día siguiente de la astracanada del referéndum, se han escabullido de nuestros meridianos más de 1.800 empresas.

Ello significa que cada día laboral de octubre han estado emigrando 90 firmas, a la endiablada velocidad de más de una cada 20 minutos, durante las 24 horas del día. Cuando el martes próximo concluya el mes, la cifra rebasará las 2.000. Cada acelerón del procés ha generado un correlativo incremento de la estampida corporativa. La huida registrada en los postreros días de esta semana es supersónica.

Esto es lo que viene ocurriendo desde el bochornoso referéndum, que algunos comentaristas consideran el mayor fraude electoral perpetrado en Occidente en los últimos tiempos. Pero la huída de las empresas catalanas no es de ahora. El aciago viaje sin billete de retorno comenzó ya hace al menos dos años. Solo el pasado verano se marcharon otro medio millar de firmas.

La lista de las escapadas es interminable y descorazonadora. Incluye el Gotha del capitalismo catalán, encabezado por seis de las siete empresas que cotizan en el Ibex 35, con Caixabank, Banco Sabadell, Gas Natural y Abertis a la cabeza.

La séptima cotizada, el laboratorio Grifols, todavía mantiene la sede en Cataluña, pero solo de forma aparente. Su presidente Víctor Grifols animó públicamente en 2014 a Artur Mas a continuar el procés y, sobre todo, “a no arrugarse”.

La confianza de Víctor Grifols en Artur Mas era de tal calibre, que pocos días después de su arenga se llevó de hurtadillas la sede fiscal de sus laboratorios a Irlanda. Allí disfruta de unos impuestos privilegiados, muy alejados de los prevalentes en el infierno fiscal en que la pandilla de iluminados secesionistas ha transformado nuestros lares.

A estas alturas de la película quedan pocas dudas de las dañinas secuelas de la pesadilla separatista. Nunca nadie ocasionó tan vastos perjuicios y con tanta rapidez a nuestro tejido productivo

Ya se han largado de Cataluña prácticamente tres cuartas partes de las entidades más poderosas. La racha continúa. Y es muy débil la esperanza de que algún día próximo la legión de entidades fugitivas tome el camino de regreso. Va a ser muy difícil que la irresponsabilidad supina demostrada por los prebostes del Gobierno vernáculo se borre del recuerdo de los emprendedores, los creadores de riqueza y los inversores.

A estas alturas de la película quedan pocas dudas de las dañinas secuelas de la pesadilla separatista. Nunca nadie ocasionó tan vastos perjuicios y con tanta rapidez a nuestro tejido productivo. No creo que baste con una generación para levantar al país del desastre en que de pronto lo han sumido.

En paralelo a la desbandada empresarial, en Barcelona se está desarrollando otra evasión silenciosa. Tiene de protagonista a la clase media. Acontece que este verano, la camaleónica alcaldesa Ada Colau arremetió contra los propietarios de bienes inmuebles de forma brutal e inmisericorde. Les propinó subidas catastrales del 300%, 400% y hasta un increíble 800%. Estas alzas descomunales tendrán impacto directo en varios impuestos.

Se sabe de casos de particulares que entre el IRPF y el inicuo impuesto de patrimonio, padecerán sangrías equivalentes a un 80% de sus ingresos. Se trata de niveles claramente confiscatorios, prohibidos por la Constitución.

Entre tirios y troyanos, entre el tándem defenestrado Puigdemont-Junqueras y la inefable Colau, han conseguido lo que hasta hace muy poco parecía imposible: la ruina de Cataluña y sus ciudadanos.