Después de jugar a las cartas durante una semana, Mariano Rajoy destapó la jugada con la que llevaba días amenazando a Carles Puigdemont: la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Las cartas de Puigdemont estaban marcadas por las falsedades que contenían --que si el pueblo catalán votó independencia más que el británico Brexit, por ejemplo-- y por los juegos de palabras mentirosos --ahora asumo, pero no voto; después valoro, pero no declaro--, por lo que la última misiva no fue tenida en cuenta dado que no expresaba la voluntad de restaurar la legalidad y el orden constitucional en Cataluña y el Gobierno prosiguió las trámites para poner en marcha el artículo 155.

No es en absoluto un 155 blando o suave, de minimos, como se había pronosticado, sino un 155 duro, y aun así es muy dudoso que sus previsiones sean fáciles de cumplir. El Gobierno y después el pleno del Senado destituirán a Puigdemont y a todo su Gobierno, recortarán importantes atribuciones del Parlament --proponer un president y votar la investidura, entre ellas-- y Rajoy convocará elecciones autonómicas en el plazo de seis meses.

Rajoy insistió en que no se suspende la autonomía ni el autogobierno, sino que se cesa a los gobernantes que los han puesto en peligro, pero la diferencia es tan sutil que será muy complicado explicarla en los medios internacionales, que inmediatamente han titulado con la suspensión de la autonomía. La razón para sostener que no se suspende la autonomía es que no se retiran las competencias ni vuelven al Estado, como ocurrió en el Ulster, donde, después de los acuerdos de Viernes Santo de 1998, Londres recuperó competencias hasta en cuatro ocasiones, la última durante cuatro años, entre 2002 y 2006.

Tiene razón Rajoy cuando dice que ha sido "muy prudente" antes de tomar una decisión que no deseaba, pero la tiene menos cuando desplaza toda la responsabilidad de lo que ha ocurrido a las autoridades catalanas

Pero la autonomía quedará en meramente administrativa, ya que las competencias políticas serán ejercidas desde los ministerios de Madrid o mediante las personas designadas por los ministros. Esta situación afectará a organismos tan sensibles como los Mossos d’Esquadra o los medios públicos de comunicación (TV3 y Catalunya Ràdio).

Tiene razón Rajoy cuando dice que ha sido "muy prudente" antes de tomar una decisión que no deseaba, pero la tiene menos cuando desplaza toda la responsabilidad de lo que ha ocurrido a las autoridades catalanas. Estas tienen mucha responsabilidad sobre todo en los últimos días, pero Rajoy la tiene también en los últimos años, cuando no se quiso afrontar el problema desde la política, además de desde la ley. Josep Piqué, exministro de José María Aznar y expresidente del PP catalán, acaba de admitir que los gobiernos españoles hace muchos años que no han hecho política para Cataluña.

Sea como sea, casi nadie se explica cómo hemos llegado hasta aquí. Rajoy ha reconocido indirectamente que no esperaba que los dirigentes independentistas fueran tan lejos, pero los bochornosos plenos del Parlament de los días 6 y 7 de septiembre y la consideración como válido de un referéndum ilegal y fraudulento anticipaban ya que no habría límites. Por cierto, que los que se escandalizaban cuando lo ocurrido esos días en el Parlament era calificado por algunos como "golpe de Estado", han acudido raudos a utilizar ese mismo calificativo para las medidas del artículo 155.

Probablemente Puigdemont no convocará elecciones porque en esta carrera de despropósitos cuenta más no pasar por traidor que hacerlo por sensato

Y así, golpe a golpe, vamos a llegar al enfrentamiento total, si, en un acto de lucidez in extremis, Puigdemont no lo evita convocando unas elecciones con las atribuciones de que goza al menos hasta el viernes de esta semana. Probablemente no lo hará --anoche solo anunció una sesión del Parlament-- porque en esta carrera de despropósitos cuenta más no pasar por traidor que hacerlo por sensato. El president y quienes le rodean siguen instalados en el discurso falaz de que tienen el mandato del pueblo, de que la presunta mayoría en el referéndum del 1-O les autoriza para declarar la independencia y de que el Estado solo sabe ejercer la "represión contra Cataluña". Una represión a la que se aplica un doble rasero porque los detenidos por bloquear el Parlament en el 2011, para quienes la Generalitat pidió penas de prisión, no eran "presos políticos", como ahora Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. El entonces president Artur Mas llegó a justificar “el uso de la fuerza” de la democracia contra los revoltosos.

Otra de las razones que los independentistas aducen para que Puigdemont no ceda es que sería humillarse y aceptar la rendición que exige el Gobierno de Rajoy. No se dan cuenta de que solo puede hablar de evitar la humillación y la rendición alguien que ya se siente interiormente derrotado.

Las duras medidas del 155, que algunos constitucionalistas cuestionan si están ajustadas a la Carta Magna, aunque ese artículo es un territorio ignoto, pueden provocar la derrota del soberanismo a corto plazo, pese a la enorme dificultad que se encontrará Rajoy para aplicarlas y a las reacciones que se pueden producir en las calles y en una parte de la sociedad catalana. Es harto dudoso que unas elecciones en seis meses y en unas condiciones de rebeldía del electorado secesionista puedan servir para normalizar la situación, como pretende Rajoy. La realidad es que entramos en una dimensión desconocida, en la que los acontecimientos son imprevisibles y en la que solo puede ahondarse aún más la fractura entre una parte de Cataluña y el resto de España.