Esta semana nuestros políticos --cuyas nóminas, recordemos, pagamos todos los españoles-- han decidido que, dado que nuestro PIB está cayendo a raíz de la tensión e inseguridad derivada del desafío secesionista, la mejor receta era más tensión e inseguridad jurídica.
Al impresentable "sí, pero no", "no, pero sí" o "sí, pero después" de la proclamación de la independencia en la comparecencia del president Puigdemont en el Parlament del pasado martes que tuvo a toda España en vilo, se une el requerimiento previo que prevé el artículo 155 de la Constitución Española formulado por el presidente Rajoy al president Puigdemont en el que se le concede hasta el jueves 19 de octubre como fecha límite para rectificar, en caso de dar el silencio por respuesta el lunes 16 o de afirmar en esta fecha que en el ambiguo discurso del pasado día 10 declaró la independencia.
Quizás podía haber sido más claro el president Puigdemont, quien, muy en línea con la extinta CiU, navegó entre dos aguas siendo deliberadamente abstracto en aras de satisfacer a todos. Por un lado, a sus irresponsables socios de gobierno, deseosos de seguir adelante con este desafío que tiene tanto tintes del delito de sedición como del delito de rebelión, si tenemos en cuenta la violencia de los independentistas. Porque, sí, éstos, también la infligen a quienes no piensan como ellos, y basta recordar con tristeza los escraches a ciertos partidos políticos, así como el bullying en colegios a hijos de guardias civiles, protestas en universidades o peleas o en la calle. Por otro lado, a un pepito grillo con cierta ascendencia sobre el president Puigdemont, y me refiero a Artur Mas, quien, tras encender la mecha y alimentar el independentismo durante años, parece haber recuperado por fin el seny al darse cuenta de que todos sus pronósticos eran erróneos por quedarnos sin entidades financieras y sin prácticamente cotizadas y grandes grupos industriales en Cataluña, y confesar al Financial Times que no se puede tirar adelante con la independencia.
Quizás el presidente Rajoy podía haber aplicado antes el artículo 155 de la Constitución, por ejemplo, el pasado 7 de septiembre
Quizás el presidente Rajoy podía haber aplicado antes el artículo 155 de la Constitución (por ejemplo, el pasado 7 de septiembre) o, tras ser paciente, según unos, o excesivamente indulgente, según otros, podía haber dado un plazo más breve en lugar de una semana para que el president Puigdemont deshoje la margarita y se pronuncie explícita e inequívocamente. Pero es que, aunque no necesitaba el apoyo del PSOE, dado que el citado artículo de nuestra Carta Magna permite su aplicación con una mayoría absoluta en el Senado que ya tiene el PP, no satisfecho con el apoyo de Ciudadanos, ha precisado el calor de un Pedro Sánchez que suele reaccionar tarde fruto de sus titubeos y apuestas iniciales generalmente erráticas.
Quizás nuestros políticos podrían pensar por un momento en la urgencia de poner fin a esta agonía cuanto antes. En que nos estamos haciendo mucho daño todos, pues sólo se habla de las empresas catalanas que se van a otra comunidad autónoma, pero se obvia o comenta poco el freno de la inversión extranjera en España, con la consiguiente desaceleración de un PIB nacional que se prevé caiga de un 3% a un 2,6%.
En fin, quizás un día intereses partidistas pasen a un plano secundario e impere en nuestros políticos un sentido de Estado que propicie y acelere la toma de las decisiones que precisan adoptarse con urgencia. Y quizás un día recuerden que se deben no a una parte sino a todo el pueblo que representan y actúen de forma cabal y con coraje, porque de lo contrario puede que además de la espantada de empresas a nivel nacional e internacional haya espantada de votantes y dejemos de confiar en ellos por su manifiesta negligencia.