Ayer quedó demostrado que la política prudente que hasta ahora exhibía Mariano Rajoy, y que recibía el apoyo más o menos explícito del PSOE, C's y de los medios de comunicación más influyentes, ha sido la peor de las consejeras ante la insurrección separatista. Si la prudencia fue en algún momento una estrategia consciente y deliberada del Gobierno español el resultado no ha podido ser más funesto para la causa de la unión de los catalanes con el resto de españoles. Esa prudencia tantas veces exhibida como “mesura y proporcionalidad” ha significado la renuncia a ejercer una actuación política de Estado a la altura de las graves circunstancias que se viven en Cataluña desde hace años. Es incomprensible que ante la explícita y reiterada rebeldía del Govern de Carles Puigdemont no se decidiera a aplicar el artículo 155, sobre todo tras lo sucedido en el Parlament los días 6 y 7 de septiembre. Ese era el momento para haber forzado desde el Gobierno español la convocatoria de elecciones autonómicas como respuesta democrática al plebiscito fraudulento e ilegal de JxSi y la CUP.
La consecuencia de esta estrategia de prudencia inoperativa frente a los líderes separatistas ha dejado al Gobierno en manos exclusivamente del Tribunal Constitucional y de la actuación de la Fiscalía. Pero lo peor es que ha sido una prudencia finalmente contradictoria con la dura intervención policial de ayer para retirar solo de forma parcial urnas y papeletas. Esta acción “represiva”, con un coste elevadísimo en términos de opinión pública nacional e internacional, choca con el hecho, por poner solo un ejemplo, de que el viernes pasado se permitiera una rueda de prensa de los máximos responsables de la Generalitat para dar a conocer los detalles de la jornada del 1-O.
Si la policía autonómica hubiera cumplido su cometido, probablemente casi todos los centros se hubieran podido desalojar sin violencia
La política de prudencia ha llevado al Gobierno a una situación de profunda desventaja ante un Govern que, de forma incomprensible, ha seguido ejerciendo de máxima autoridad en Cataluña y al frente de unos Mossos que no han cumplido el papel que tenían asignado para evitar la apertura de los colegios electorales. La inhibición de la policía autonómica, comandada por unos políticos abiertamente separatistas, era más que previsible desde el cambio de la cúpula en la Consejería de Interior en julio. El otro error garrafal de Rajoy en el corto plazo ha sido no aplicar la semana pasada la Ley de Seguridad Nacional para garantizar que los Mossos cumplirían las órdenes de la justicia. Si la policía autonómica hubiera cumplido su cometido, probablemente casi todos los centros se hubieran podido desalojar sin violencia. La respuesta ante esa flagrante dejación de los Mossos ha sido el despliegue de la Guardia Civil y la Policía Nacional con una actuación precipitada que ha resultado inútil para evitar la mascarada de votación y con un impacto muy negativo de imágenes que servirán para alimentar el relato victimista del separatismo.
Rajoy ha carecido desde el primer momento de una estrategia política a la altura de la grave crisis que vivimos en Cataluña desde 2012, y se ha refugiado en una prudencia inoperativa para al final acabar actuando en el momento más crítico de forma contradictoria, tarde y mal. Es pronto para saber cuáles serán las consecuencias entre el electorado de lo sucedido en las últimas semanas, pero salta a la vista que las fuerzas separatistas han dado un paso de gigante en su estrategia de legitimar su golpe contra la democracia española mediante una revolución nacionalista en la calle.