Han llegado los días del exceso y la sobreactuación. La decisión de Mariano Rajoy de fiar la solución del conflicto soberanista a la Fiscalía ha abierto la puerta del mismo al protagonismo de la calle. Y la calle es incierta. De momento, el presidente del Gobierno del PP, identificado como la personalización del autoritarismo, ha conseguido convertirse en el objetivo prioritario de la protesta, por delante de la mismísima independencia.

La contundente, arriesgada y discutible actuación policial, tan legal como provocadora, ha adelantado los planes y el argumentario del independentismo, previstos para la activación del artículo 155. Además, ha facilitado la alineación definitiva de los comunes con las fuerzas independentistas y esta confluencia puede tener consecuencias en la política española, siempre pendiente de una nueva moción de censura.

La entrada en territorio Colau (la movilización democrática para conseguir la negociación) quedó certificada ayer con los discursos de ambos. Lo que está en juego ahora según el nuevo relato es el autogobierno y la democracia. Sí, el autogobierno enterrado hace un par de semanas en el Parlament junto a su Estatuto por la mayoría parlamentaria ha resucitado como un valor a preservar por encima de todo. La iniciativa del ministro Montoro para intervenir económicamente la Generalitat es de facto una intervención de la autonomía. Tal vez no sea exactamente lo mismo, pero la opinión pública catalana se ha mostrado muy receptiva a esta interpretación promovida por el Gobierno Puigdemont, y se han activado uno de los mecanismos sentimentales más compartidos: la Generalitat no se toca.

La contundente, arriesgada y discutible actuación policial, tan legal como provocadora, ha adelantado los planes y el argumentario del independentismo, previstos para la activación del artículo 155

El autogobierno, denostado no hace tanto por misérrimo en comparación con la gloriosa independencia, se ha convertido en el punto de encuentro del soberanismo. Y Rajoy es la amenaza más inminente. El todos contra Rajoy no ha fallado nunca, aunque de momento, el PSC, que debe tener los derechos publicitarios de la fórmula, todavía no se ha movido. La ampliación de la movilización al conjunto del catalanismo político supondría la recuperación de la unidad de 1977, una situación impensable hace bien poco.

Todo es de facto en estos instantes, desde la intervención de la Generalitat al supuesto golpe de Estado, incluso la convocatoria del 1-O queda en de facto, tras los golpes policiales sufridos por la logística electoral. Sin notificaciones a las integrantes de las mesas elegidos por sorteo solo quedaría la opción de las mesas formadas por voluntarios, una fórmula poco ortodoxa para un referéndum de verdad. Al margen de la tortura que se está infligiendo al lenguaje por parte de los políticos para crear un escenario conveniente, lo único real es la reacción en la calle ante el despliegue policial y las detenciones de altos cargos del Gobierno, así como la determinación de la Fiscalía de impedir la celebración del referéndum, cuya ley fue anulada ayer por el Tribunal Constitucional.

El choque de la calle con la Fiscalía es muy desigual en términos de defensa del Estado de derecho; sin embargo, la fuerza de la reclamación democrática, bajo cuya bandera se cobijan la movilización, equilibra las cosas. Esto es lo que hay y esto es lo que ha buscado Puigdemont desde hace meses con su deriva aventurera, camuflada tras la propuesta del referéndum unilateral. Y este es el campo de batalla que ha aceptado tácitamente Rajoy al negar la política como instrumento para resolver las aspiraciones catalanas, poniendo en peligro su carrera y el mismo estado de derecho que dice defender.