La sucesión de hechos que se producirían tras una hipotética declaración efectiva de independencia no son difíciles de prever. Ante el aislamiento internacional, las dificultades económicas y financieras, el corralito, la fuga de empresas y la resistencia interna de los catalanes no independentistas se declararía el Estado de excepción, acabando con la libertad de expresión, prohibiéndose los partidos no independentistas y encarcelando a los disidentes. Se redoblaría la propaganda nacionalista denunciando el ataque exterior y la quinta columna interior. Proliferarían las denuncias de probos ciudadanos nacionalistas propiciando el típico ajuste de cuentas de los conflictos civiles. En definitiva, se instauraría un régimen autoritario basado en la propaganda y la represión.
Si alguien duda de este escenario, que revise la actuación del Govern estas últimas semanas. Si han hecho lo que han hecho cuando no tienen todo el poder, qué no serán capaces de hacer cuando controlen todos los cuerpos policiales del nuevo Estado, la judicatura y los medios de comunicación. Sólo personas fanáticas y con nula conciencia democrática, como nuestros dirigentes, pueden pretender imponer un proceso de secesión con una exigua mayoría parlamentaria, saltándose la legalidad catalana --de la española ya ni hablo--, en contra de la mayoría de catalanes y de los países de nuestro entorno.
Si han hecho lo que han hecho cuando no tienen todo el poder, qué no serán capaces de hacer cuando controlen todos los cuerpos policiales del nuevo Estado, la judicatura y los medios de comunicación
Cataluña se convertiría en un país aislado, fuera de la UE y de las instituciones internacionales, cuyo Gobierno sólo podría mantenerse a base de un régimen policial que acallara a sus detractores con elevadas dosis de represión y propaganda victimista. Todo sería culpa de España y los traidores, y se multiplicaría la propaganda supremacista y la reivindicación de la Gran Cataluña, Països Catalans, para mantener la moral de sus seguidores. Lo que estamos viviendo, pero sin el contrapeso que ahora significa el Estado que actúa como moderador de la actuación de los secesionistas.
Sabemos por otras experiencias internacionales de países cuyos gobiernos han llegado al poder por vías golpistas o revolucionarias, o que pretenden perpetuarse en él, que lo que he descrito es lo que ocurre. En Cataluña no sería diferente y, como ya he dicho, estos días hemos tenido evidentes pruebas de ello. La conciencia democrática de nuestros dirigentes es nula. Todo vale para lograr sus objetivos. Aunque, como todos los charlatanes de feria, presumen de lo que carecen para engaño de almas cándidas.
Creo que es elemental introducir esta cuestión en el debate y no quedarse sólo con argumentos de legalidad. Como si la independencia fuera buena para la mayoría de catalanes. No. La independencia es indeseable para la gran mayoría de catalanes. Sólo se verían beneficiados, como ocurre en los regímenes totalitarios, los catalanes adheridos al régimen, que monopolizarían, todavía más que ahora, cargos, subvenciones y contratos. La diferencia es que los demás viviríamos en la escasez económica y sin libertad. Lo de que seríamos ricos es otra de las mentiras que no han tenido respuesta suficiente. De entrada, caerían los ingresos de la Generalitat por el traslado de empresas y la disminución del comercio. Y subiría el gasto público por el aumento de la administración del nuevo Estado, adquisición de armas, más policías y creación de un ejercito.
La conciencia democrática de nuestros dirigentes es nula. Todo vale para lograr sus objetivos
Y, si esto fuera poco, la independencia perjudicaría al conjunto de españoles e introduciría un factor de inestabilidad en Europa de imprevisibles consecuencias por su efecto contagio y el carácter expansivo del nacionalismo catalán. Esta es la razón del repentino interés por la secesión de Cataluña de personajes como Assange, Otegi o Varoufakis, además de los partidos más eurófobos.
En definitiva que hay más que suficientes razones para no ceder a las pretensiones secesionistas por contrarias a la ley, salvo que se modifique la Constitución, y, en cualquier caso, por indeseables.