¿Por qué no se convoca formalmente el referéndum? Porque la ley para ampararlo todavía no ha sido aprobada, me dirán. Y no se aprueba, ni tan siquiera se tramita, para evitar que el Estado pueda poner en marcha su maquinaria para suspenderla, me rematarán. Cierto, hay mucha prudencia y cálculo en estos momentos; sin embargo, tengo la impresión de que hay un factor substancial para explicar este tiempo muerto decretado por el Gobierno de la Generalitat, contradiciendo sus propios cálculos de aceleración, que exigían a sus diputados estar disponibles a partir de la Asunción de María. El referéndum programado no tiene todavía aseguradas las garantías mínimas de credibilidad.

Una de las garantías está en manos de Ada Colau: la de permitir que la convocatoria tenga la apariencia física de una votación oficial. Eso quiere decir votar donde votamos siempre, con las formalidades de rigor. También en L'Hospitalet, Santa Coloma, Lleida o Tarragona pueden darse estos inconvenientes, pero no tendrán la fuerza y la proyección de un déficit de esta relevancia en la capital de Cataluña. En esto están los principales dirigentes independentistas: en convencer a la alcaldesa de Barcelona para que se salte el informe de su secretario en el que se la advierte de la ilegalidad de toda colaboración municipal en un referéndum que se intuye habrá sido prohibido.

Las garantías mínimas de credibilidad del referéndum pasan por Colau, que es quien puede hacer que la convocatoria tenga la apariencia física de una votación oficial en Barcelona

Y no solo hablan con ella y con los suyos, que lo hacen intensamente y lo seguirán haciendo hasta el último minuto, también hablan con sus aliados en Madrid, al más puro estilo pujolista. Jordi Pujol tenía por costumbre puentear al PSC negociando directamente con el PSOE cuando le convenía algo; ahora, Oriol Junqueras cena con Pablo Iglesias para que este presione a Colau y obtener de ella uno de los grandes requisitos pendiente para poder presentar el 1-O como un referéndum. Lo de la moción de censura contra Rajoy huele a humo artificial. Rajoy vive en la Moncloa y seguirá allí instalado hasta que Ciudadanos le niegue el apoyo. Lo que vaya a hacer ERC con sus diputados no es sustantivo, aunque sí vaya a tener un valor político si llega a darse la circunstancia.

De ahí que el apoyo a Iglesias en la repetición de una hipotética moción de censura no puede ser considerado por Colau como una contrapartida real a la petición que le están haciendo: dale pátina de formalidad a nuestro referéndum jugándote tu carrera política. Contravenir el informe jurídico de su secretario tendría para la alcaldesa unas consecuencias inmediatas, que podrían acarrearle en el peor de los escenarios la inhabilitación. ¿Existe una oferta razonable de los independentistas para compensar el riesgo que le piden a Colau, más allá de apelar a su soberanismo?

Los Comuns se instalaron desde el primer día en una posición que molesta extraordinariamente a JxSí y la CUP: no niegan la necesidad de un referéndum (todo lo contrario, siempre han estado a favor), pero creen que lo que se está preparando para el 1-O no es otra cosa que la repetición del 9-N. Dicho por Rajoy o Pedro Sánchez, no tiene mayor trascendencia, con descalificarles como unos anticatalanistas y anticatalanes de muy señor mío está resuelto. Y resulta creíble, porque algunos méritos han acumulado sus partidos. Dicho por Colau y sus gentes es diferente.

Colau sigue viendo el 1-O como una movilización democrática de los independentistas, algo por lo que no vale la pena correr un gran riesgo político por su parte

La cuestión es que, según parece, todo lo que le han propuesto hasta ahora, o lo que le han explicado sobre la convocatoria, ha sido insuficiente para hacerla cambiar de opinión. Sigue viendo el 1-O como una movilización democrática de los independentistas, muy legítima, pero muy alejada de un referéndum con todas las letras de legalidad y eficacia jurídica. Algo por lo que no vale la pena correr un gran riesgo político por su parte. Algunos de los más selectos observadores internacionales invitados a avalar el evento con su presencia en Cataluña, comenzando por la Fundación Carter, estarán pensando lo mismo y se resisten a pasar el primer fin de semana de octubre en Barcelona.

El PDeCAT se pone en lo peor: ERC le está ofreciendo a los Comuns de Colau un tripartito de izquierdas con el PSC. Es muy probable que el nuevo Gobierno de la Generalitat esté liderado por los republicanos, de no equivocarse los sondeos. Los de la vieja Convergència saben del escaso aprecio político del que disfrutan entre los dirigentes de ERC, por eso dan credibilidad a la hipótesis de un nuevo tripartito. Sin embargo, esta oferta difícilmente tendrá eficacia en estos momentos para convencer a la alcaldesa ante el 1-O. Le cae lejos.

La negociación de este probable Gobierno deberá hacerse con los resultados de unas elecciones sobre la mesa, y de aquella correlación de fuerzas dependerán las pretensiones de unos y otros en la formalización del pacto. Por otra parte, no se le puede escapar a nadie que los buenos o malos resultados ante unos supuestos comicios dependerá del balance del 1-O: primero de su celebración, luego, de las condiciones del mismo, y, finalmente, de la participación. No todos van a salir indemnes del 1-O, aunque ahora mismo sea prematuro aventurar quienes van a obtener que.