Mariano Rajoy decía en la sesión de control al Gobierno de esta semana que la oposición ya no le critica por la marcha de la economía porque las cosas han mejorado. Y tiene razón. Sería exagerado que emulara aquel disparate de “España va bien” de su antecesor, pero es verdad que la actividad mejora, pero eso no quiere decir que el país también lo haga. Una buena parte se queda fuera.

Los políticos más superficiales tienen esas cosas: tienden a responsabilizar en exceso al Gobierno cuando hay problemas y suelen negar la evidencia cuando los problemas se solucionan o dejan de ser tan preocupantes.

Esa mejoría de la economía, no obstante, incluye el empobrecimiento de una parte de los ciudadanos con empleo y también un cambio a peor en las condiciones de trabajo, cuestiones que no se pueden tratar con la brocha gorda habitual de los debates parlamentarios.

El servicio de estudios del BBVA, probablemente el más solvente del país, calcula que el crecimiento del PIB de este año será del 3,3%, tres décimas por encima de su última revisión; y del 2,8% en 2018. Ya no se trata de una demanda que estaba contenida y que finalmente tira del consumo interno, sino de que la creación de empleo y el incremento de la renta disponible en estos momentos están alimentando la maquinaria.

Los empresarios se han acostumbrado a la época de recesión y están decididos a manejar los costes salariales como lo hacen con el resto de los gastos de la cuenta de explotación

Se crea empleo a buen ritmo --un millón de puestos de trabajo entre este año y el próximo, calcula el banco-- y la tasa de paro disminuye, pero difícilmente bajará del 15%. Hay un problema estructural que se manifiesta con la recuperación: las empresas quieren contener los gastos salariales. Crecen las plantillas, pero no los sueldos: apenas un 0,4% en el primer trimestre de este año frente al 5,3% de los beneficios empresariales en el mismo periodo.

Algunos datos ponen de relieve hasta qué punto esta resistencia empresarial es de fondo. El salario medio del sector de la hostelería en la ciudad de Barcelona, por ejemplo, equivale prácticamente a la mitad que el salario medio general. Es evidente que esas cifras, extraídas de las cotizaciones a la Seguridad Social, no son reales. La diferencia en términos de remuneración es menor, pero muchos empresarios del sector limitan la cotización de sus empleados a jornadas de cuatro o seis horas para aminorar costes y ampliar márgenes.

Fátima Báñez anima a la CEOE para que pacte con los sindicatos una buena subida en los convenios, no solo porque debe desear que los trabajadores puedan irse de vacaciones, sino para que mejoren los ingresos de la Seguridad Social. Y esa es la cuestión, que los empresarios se han acostumbrado a la época de recesión y están decididos a manejar los costes salariales como lo hacen con el resto de los gastos de la cuenta de explotación. Y las cuotas sociales son un obstáculo que ahora pueden combatir en mejores condiciones que antes. Si la Seguridad Social tiene déficit, que se alimente de transferencias de los Presupuestos Generales, o sea de los impuestos.