Viendo el pasado martes la presentación, en sesiones de mañana y tarde, de la ley sobre el referéndum de autodeterminación que el Govern de Cataluña pretende organizar el 1 de octubre, era inevitable plantearse la cuestión siguiente: o los dirigentes independentistas se creen realmente lo que dicen y son unos ingenuos o son unos cínicos de tomo y lomo. En ambos casos, la conclusión es la misma: nos toman por imbéciles.

¿Cómo se puede sostener, sin ruborizarse, que el derecho de autodeterminación es el primer derecho humano, como aseguró la secretaria general de ERC, Marta Rovira? ¿De qué tratado internacional se deduce que Cataluña tenga derecho a la autodeterminación, como se afirma en el preámbulo de la proposición de ley o lo que sea, y repitieron los portavoces de Junts pel Sí y de la CUP? ¿Cómo puede decir el vicepresidente Oriol Junqueras, al día siguiente, en una entrevista en TV3, que las Naciones Unidas obligan a ejercer el derecho de autodeterminación?

El primer derecho humano, según la ONU, es el que se contiene en la afirmación siguiente: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros". O sea, según la lógica indepe, quienes se opongan al procés, además de ser antidemócratas, serán también inhumanos.

O los dirigentes independentistas se creen realmente lo que dicen y son unos ingenuos o son unos cínicos de tomo y lomo. En ambos casos, la conclusión es la misma: nos toman por imbéciles

Para justificar el ejercicio del derecho de autodeterminación, la exposición de motivos de la ley del referéndum cita el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, el artículo 1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el artículo 1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Resolución 2625 de Naciones Unidas de 24 de octubre de 1970 o dictámenes del Tribunal de La Haya. Los pactos fueron aprobados por la ONU en 1966 y ratificados por España en 1977 con la llegada de la democracia. Y de ahí se deduce que la legalidad internacional y también la española respaldan el derecho de autodeterminación.

Pero la prédica independentista esconde que esos pactos condicionan el ejercicio de la autodeterminación a unos supuestos que en absoluto se dan en Cataluña. El derecho se reconoce a la población de los Estados, los fideicomisos y los territorios no autónomos y teniendo en cuenta que ese derecho ni autoriza ni fomenta "acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes [...] dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivos de raza, credo o color". Los textos se refieren solo a procesos de descolonización o al caso de minorías sojuzgadas.

Pese a ello, Junqueras no tuvo empacho en repetir en Els Matins de TV3 lo que viene diciendo últimamente para sortear la contradicción entre legalidad catalana y legalidad española. "Solo hay una legalidad, que se deriva del derecho internacional, y es la que nos ampara", dijo antes de añadir que ejercer la autodeterminación es una obligación. "¿Cómo podemos dimitir de la democracia? ¿Cómo podemos renunciar al cumplimiento de la ley que nos obliga a aplicar el derecho de autodeterminación, que es un derecho irrenunciable porque así lo dice la Carta de Naciones Unidas? ¿Usted quiere que yo vaya en contra de Naciones Unidas? No puedo ni quiero, de ninguna manera", remachó.

Los textos internacionales que recogen el derecho de autodeterminación se refieren solo a procesos de descolonización o al caso de minorías sojuzgadas

Por lo demás, la resolución del Tribunal Internacional de La Haya referente a Kosovo, que en su momento ya fue manipulada por portavoces independentistas catalanes, rechaza la declaración unilateral de independencia del territorio que perteneció a Serbia.

La presentación de la ley del referéndum sirvió también para confirmar otras consideraciones. La primera es que se han acabado los eufemismos, el inexistente "derecho a decidir" se ha transmutado en lo que siempre escondió, el derecho de autodeterminación, La segunda es que volvió a demostrarse el poder de la CUP, que exigió y consiguió en 24 horas la destitución del conseller Jordi Baiget por poner en duda la celebración del referéndum, sustituido por Santi Vila, el Ruiz-Gallardón del PDeCAT. El president Carles Puigdemont lo hubiera destituido seguramente igual, pero los cupaires se han podido apuntar el tanto. Además, la CUP, la misma que propone expropiar la Catedral de Barcelona para hacer un economato, actuó siempre en la escenificación del 4 de julio en pie de igualdad con Junts pel Sí y mereció un agradecimiento público del presentador del acto del Teatre Nacional, Lluís Llach, quien recordó que sin la CUP "no estaríamos aquí".

En cuanto a las garantías del referéndum, brillan por su ausencia. Ninguna de las exigencias de la Comisión de Venecia --plazos, legalidad, neutralidad de la administración y de los medios de comunicación...-- se cumple. Marta Rovira quiso convencernos de que una sindicatura electoral compuesta por cinco juristas y politólogos elegidos por el Parlament supera en garantías a la integrada por jueces y magistrados, pero eso solo es una añagaza para sortear la imposibilidad de que los jueces participen en la consulta. Lo mismo se puede decir del censo o de la obligación de formar parte de las mesas electorales. ¿Cómo se obligará a quienes se nieguen?

Puigdemont llegó a decir que incluso si gana el no, nada será como antes. Otra falacia. ¿Alguien cree de verdad que puede ganar el no en este referéndum en caso de que se celebre?