El agit-prop del procés funciona a pleno rendimiento. En realidad, es lo único que funciona. El president Carles Puigdemont utiliza Twitter con una frecuencia casi similar a la de Donald Trump, siempre con consignas optimistas. El vicepresidente Oriol Junqueras, cada vez más radical para demostrar que no protagonizará la solución pactada, repite que el referéndum fijado para el 1 de octubre se celebrará igual que se organizan unas elecciones, con todas las garantías. El Síndic de Greuges elabora informes sobre lo mala que es la democracia española. Una encuesta asegura que la participación en el referéndum sería del 64% y el sí ganaría con un 42,3% sobre el censo (nueve días antes del 9-N, sin embargo, el sondeo del CEO indicaba que el 85% quería ir a votar, pero solo lo hizo un 36%). Ilustres catedráticos escriben artículos sobre qué hacer cuando se consiga la independencia. El presidente de Òmnium asegura que, si gana el sí, el 2 de octubre hay que proclamar la independencia. Se celebran cumbres entre el Govern y los partidos independentistas cada dos por tres y tenemos días históricos cada semana. Sólo faltaba The New York Times, convenientemente interpretado, para abonar el optimismo indepe.

El próximo día histórico es el 4 de julio, elegido seguramente por ser el día de la independencia de Estados Unidos, igual que el 9-N de 2014 se cumplían 25 años de la caída del muro de Berlín. Pero, a la espera de ese día, en que el Govern ha anunciado que hará públicos los detalles de la organización del referéndum, la realidad es muy diferente a lo que difunde la propaganda.

El último sobresalto ha sido declarar desierto el concurso para la compra de urnas para la consulta porque, según la versión oficial, las dos empresas concursantes no cumplían algunos requisitos, como el nivel de facturación exigido. Un portavoz de una de ellas, Plastic Express, afirmó, sin embargo, que el concurso no tenía garantías y que por esa razón no presentaron finalmente la documentación exigida. “No teníamos ni fecha de entrega ni cuándo ni cómo se debe pagar. Estamos casi a principios de julio y debería ser en septiembre”, declaró a RAC1 Andreu Marqués, quien señaló que la fabricación de las urnas requiere entre dos meses y medio y tres meses.

Puigdemont repitió el miércoles en el Parlament que habrá referéndum. Igual que tras las elecciones del 27-S de 2015 se dijo que la independencia se proclamaría en 18 meses

Tres meses es lo que queda para que se cumpla la fecha del referéndum, por lo que cualquiera que no sueñe comprueba lo ajustado de los plazos. Pero no hay problema. A Puigdemont nada lo arredra. El miércoles repitió en el Parlament que habrá referéndum. Igual que tras las elecciones del 27-S de 2015 se dijo que la independencia se proclamaría en 18 meses y, cuando se cumplieron en marzo pasado, se alegó que el año y medio tenía que contarse desde la toma de posesión en enero, plazo que finaliza este mes de julio y que tampoco se respetará.

El fiasco de la compra de urnas, que ahora se intentará reparar con otro método --por decreto o por procedimiento negociado, sin publicidad--, ha provocado de nuevo discrepancias entre el PDeCAT y ERC y la crítica abierta de la CUP, que reprocha al Govern falta de “iniciativa, firmeza y determinación”. Los dos principales actores del procés, coligados en Junts pel Sí, no pueden ocultar su mutua desconfianza y se echan en cara los fracasos respectivos. ERC reprocha al PDeCAT la falta de urnas y los sucesores de Convergència acusan a Esquerra de la mala gestión del voto exterior --solo 5.000 catalanes de 285.000 se han inscrito en el registro creado en 2014-- y del voto electrónico, que no dispone para ejercerlo ni de ley específica ni de garantías jurídicas.

Pero, con serlo, el problema no es la falta de urnas, sino la falta de garantías. El referéndum del 1-O no contaría con un censo legal, que depende de la Oficina del Censo y ésta del Instituto Nacional de Estadística del Ministerio de Economía y que se cierra dos meses antes de la fecha de la convocatoria de la consulta electoral correspondiente (el referéndum aún no ha sido convocado). La Generalitat puede crear un censo propio, pero la ley sería impugnada.

Pero, con serlo, el problema no es la falta de urnas, sino la falta de garantías

Para el referéndum del 1-O tampoco hay Junta Electoral propia sencillamente porque Cataluña es la única de las 17 comunidades autónomas que no tiene ley electoral por la incapacidad de los partidos en 37 años para aprobarla. La única junta depende del Estado y de la Junta Electoral Central. Tampoco se cumpliría otro de los requisitos exigidos por la comunidad internacional --por la Comisión de Venecia, tan manipulada, concretamente-- para validar los resultados: la neutralidad de la Administración que debe garantizar el voto libre.

En estas condiciones, ¿ningún dirigente del independentismo es capaz de ver que, aunque se celebre, el referéndum no tendrá valor alguno? ¿Nadie es capaz de imitar a la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, tan admirada, que acaba de anunciar el aplazamiento de un segundo referéndum hasta que se resuelva el brexit? Pues parece que no: ante las dudas planteadas por la oposición en el Parlament el pasado miércoles, a Puigdemont no se le ocurrió decir otra cosa que “las garantías las dará el pueblo de Cataluña” con su participación.