La semana previa al anuncio de la pregunta y la fecha del denominado referéndum secesionista no ha sido nada favorable a los intereses de sus promotores. El procés ha recibido dos impactos considerables en su línea de flotación: la respuesta de la Comisión de Venecia a la carta de Puigdemont y la investigación del Tribunal de Cuentas sobre el gasto público del 9N y la posible responsabilidad patrimonial personal de sus promotores.

La respuesta de la Comisión de Venecia a la carta de Puigdemont ha sido tan educada como contundente: no hay legitimación fuera de la Constitución y las leyes. El código de buenas prácticas exige que el referéndum sea realizado con el acuerdo de las autoridades españolas. El Govern y la mayoría de los medios secesionistas han tirado de posverdad: la Comisión insta al Gobierno a negociar, hemos escuchado y oído sin que nadie se ruborice. La realidad es que la Comisión no da al referéndum unilateral el amparo que pedían los colauistas para apoyarlo, ni obliga al Gobierno español a permitirlo. En definitiva, la Comisión de Venecia hace inviable cualquier pretensión de reconocimiento internacional del mismo, caso de que llegue a celebrarse de forma unilateral como pretende Puigdemont.

El procés ha recibido dos impactos considerables en su línea de flotación: la respuesta de la Comisión de Venecia a la carta de Puigdemont y la investigación del Tribunal de Cuentas sobre el gasto público del 9N y la posible responsabilidad patrimonial personal de sus promotores

La segunda mala noticia para el secesionismo ha sido la resolución de la fiscalía pidiendo al Tribunal de Cuentas que investigue la posible responsabilidad patrimonial personal en el gasto de más de cinco millones de dinero público para organizar el 9N. Hasta ahora, las ingentes cantidades de dinero público gastadas en promover la secesión no había sido abordada por los tribunales. Que se abra esta vía por parte del Tribunal de Cuentas es muy relevante, tanto por lo que implica en sí misma como por posibles aplicaciones a otros gastos, por ejemplo la promoción exterior de la secesión, y porque puede abrir, además, la vía penal.

La respuesta de Puigdemont ha sido acelerar los preparativos y anunciar que esta semana se sabrá la pregunta y el día del referéndum. Pero las tensiones con funcionarios y con algunos consellers va en aumento.

La pregunta que se hacen muchos secesionistas es si merece la pena jugar a la ruleta rusa con un referéndum que no resolverá nada, se haga o no, y que sólo es un instrumento de precampaña de las autonómicas que nos esperan. Desde luego, si Mas hubiera tenido éxito y hubiera obtenido la mayoría absoluta en 2012, habría tenido margen para reconducir la situación. Pero la competencia electoral entre el PDeCAT y ERC obliga a ambos partidos a continuar acelerando. La política catalana se parece cada día más a la escena del gallinero de Rebelde sin causa.