El Gobierno central ha entrado en la batalla por la democracia, planteada por el movimiento independentista desde hace meses. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ya repite la palabra democracia para defender su posición tantas veces como el mismísimo presidente Puigdemont, quien difícilmente construye una frase sin recurrir al concepto. Se trata de ver quién impone “su democracia” o, mejor dicho, a quién van a creer o apoyar los observadores internacionales y los Estados europeos en el choque de concepciones democráticas que se avecina.

Las posiciones son claras. Una dice: lo propio de los demócratas es votar, aunque sea contradiciendo una Constitución que no contempla el referéndum de pregunta independentista. La otra afirma: lo que deben hacer los demócratas es respetar la ley democráticamente aprobada, incluso por una mayoría casi irrepetible de los catalanes allá por el año 1978.

Tengo una gran curiosidad para comprobar con cuál de las dos tesis de democracia enfrentadas en estos momentos en Cataluña van a alinearse los Estados europeos cuando el choque se haya producido

La disyuntiva se acompaña del intercambio a diestra y siniestra de la peor acusación posible en un estado de derecho: la de ser antidemócrata. Esta deslegitimación total del adversario podría ser la causa, a corto plazo, de una división del país más profunda que la atribuida a la propuesta por la independencia propiamente dicha; como mínimo, ser el origen de un grado de beligerancia entre fuerzas políticas que comprometan pactos de gobernación fácilmente imaginables después de las próximas elecciones catalanas.

No hace tanto, en un acto de homenaje a Tarradellas celebrado en el Palau de la Generalitat, Josep Maria Bricall, algo olvidado últimamente, dejó caer una posible definición de democracia en forma de aviso para los muchos navegantes presentes en el Saló de Sant Jordi. "La democràcia", dijo, "no és un sistema confús de votacions espaiades sinó l’expressió jurídica d’una voluntat ciutadana”. La expresión jurídica de una voluntad ciudadana conformada de forma democrática, se entiende.

Cualquier expresión jurídica, todas las leyes, incluso la Constitución, pueden ser modificadas; eso nadie lo discute. Ni nadie puede negar que no es lo mismo votar desobedeciendo una ley que votar para cambiar dicha ley. Tengo una gran curiosidad para comprobar con cuál de las dos tesis de democracia enfrentadas en estos momentos en Cataluña van a alinearse los Estados europeos cuando el choque se haya producido. De su opción, deduciremos también cuál es el valor de atenuante de la unilateralidad que reconocen los diferentes Estados en la negativa permanente a la negociación de vías alternativas por parte del PP y aliados para enfrentar el conflicto territorial.