La filtración de la "ley secreta para la independencia" que el diario El País desveló este lunes ha servido para derrumbar definitivamente un principio mayor que operaba hasta ahora sobre la política española en relación al desafío secesionista: el principio de negación de la realidad. Por primera vez hay una toma clara de conciencia de que los separatistas irán todo lo lejos que puedan en su propósito. La autenticidad del borrador de la Ley de Transitoriedad Jurídica no fue negada inicialmente, sino solo matizada por su "desfase", lo cual significa que el texto que pretenden aprobar este julio mediante lectura única en el Parlament será mucho más preciso y concreto en su articulado. Estamos ciertamente ante un "delirio jurídico", como han denunciado asociaciones de jueces y fiscales, partidos de la oposición, expertos constitucionalistas, etc., pero no debería sorprendernos lo más mínimo a tenor de su naturaleza: se trata de dar cobertura a un golpe de Estado, a una operación que tiene como objetivo liquidar de un plumazo el orden constitucional y estatutario en Cataluña.

Es falso que el referéndum que exigen vaya de democracia. Esto va solo de independencia, por las buenas o las malas

La filtración periodística ha causado un estropicio enorme en la estrategia del president Carles Puigdemont de abrirse a negociar con el Gobierno español todas las condiciones para la celebración de un referéndum porque desnuda y anticipa el carácter antidemocrático de su siguiente paso. En lo sustancial no hay nada nuevo, nada que no hayamos denunciado algunos en Cataluña desde hace tiempo. Pero por primera vez, ahora sí, la sociedad catalana y española en conjunto ha visto las orejas al monstruo autoritario que los separatistas tienen escondido para consumar su objetivo. La filtración les ha hecho un siete enorme de puertas afuera porque invalida la frase más desternillante que Puigdemont pronunció anteayer en Madrid en el palacio de Cibeles, "negociar en democracia es sentarse sin condiciones previas, sin amenazas ni subterfugios". Lo dice quien amenaza con perseguir a los disidentes por "delitos contra la secesión", según su borrador de ley fundamental, cuando el Parlament encuentre los motivos que quiera para proceder a declarar la independencia. Por eso es falso que el referéndum que exigen vaya de democracia. Esto va solo de independencia, por las buenas o las malas.

Pero la filtración ha ocasionado también un siete monumental de puertas hacia adentro. Que circule por despachos y redacciones el borrador secreto con sus 44 folios destroza la primera regla para consumar con éxito un acto de fuerza: la sorpresa. Con el tiempo sabremos cómo ha podido trascender este texto que, en principio, solo conocía un núcleo reducido de personas en el Govern, JxSí y la CUP. Cualquier hipótesis es posible. Por eso mismo sorprende que Puigdemont siga poniendo en duda la fuerza del Estado para impedir un golpe contra la Constitución, más aún cuando se hace público y notorio. Superado el principio de negación sobre la naturaleza del envite secesionista, la sociedad española en su conjunto apoyará las medidas que sean necesarias para atajar "un golpe ultra contra los catalanes", como describía acertadamente ayer Xavier Vidal-Folch.