El ex consejero de Justicia y diputado autonómico Germà Gordó vuelve al potro del dolor del 3% por méritos propios. Pero ahora será distinto ya que, para salvarse, está dispuesto a dejar que Artur Mas se cueza en su propia salsa. De la camaradería hemos pasado al sálvese quien pueda. Se está viendo en el caso Palau, donde el PDECat exhibe los vicios de la antigua Convergència. Después de un año y medio tratando de demostrar que la nueva formación está limpia, la abstención del partido de Puigdemont en el Consorcio del Palau señala que la podredumbre sigue. Como es bien sabido, a la reunión decisiva del Consorcio del Palau no se presentaron los representantes del Estado. Luego cabe pensar que Madrid y Barcelona están juntos en esto de no depurar las responsabilidades de la financiación de Convergència a través del Palau. Así de turbio.
¿En qué punto estamos del 3%? Procesalmente, el juez de El Vendrell Josep Bosch y la Fiscalía piden de nuevo elevar la imputación de Germà Gordó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El ministerio público lo tiene claro: Gordó en la X del Gal catalán en la financiación de Convergència; no es uno más, ni otro que pasaba por allí, sino el centro, el responsable del entramado de financiación ilegal de CDC en la etapa que va desde el Pinyol --el engagement indepe de los Felip Puig, Oriol Pujol, Francesc Homs o el mismo Gordó, entre otros-- hasta las puertas del PDECat. ¿Y políticamente, dónde estamos? En un momento en el que, más allá de las declaraciones altisonantes, el tercerismo se ha apoderado del procés, por falta de salidas viables. Se vio el pasado jueves cuando JxSí y Catalunya Sí que Es Pot votaron juntos en el Parlament apoyando el amparo de la Comisión de Venecia, el imposible espaldarazo internacional del referéndum.
Pero la moderación real se ha visto en el Congreso cuando Madrid ha puesto una marcha lenta para facilitar los pactos silenciosos entre PP y PDECat en materia de estiba o en la mordidita catalana a los presupuestos generales, que entran ahora en su fase de enmiendas parciales. Y en este fresco de pesos y contrapesos, encaja Germà Gordó, como moneda de cambio. Gordó no decantaría inicialmente ninguna balanza, pero no debe olvidarse su papel como guardián de los intereses espurios de Artur Mas. Y no olvidemos que Manuel Moix, el fiscal anticorrupción, lo primero que hizo al poner el pie en su nuevo despacho fue recusar a los dos fiscales que investigaban el 3%, porque quería una instrucción amable de la financiación del aparato nacionalista. Hay razones para creer en las meigas.
La esposa de Gordó, Roser Bach, que fue nombrada en 2013 vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a proposición del PSOE (¡y recomendación de CiU!) juega un papel relevante en la compleja orografía que recorre su marido. El entronque Gordó-Bach, nacido en las Escuelas Pías de Sarrià, está instalado en puentes siempre bien tendidos. El matrimonio formó un engarce sociovergente en la etapa del Tripartito, cuando Montserrat Tura mostró su buena sintonía con la Bach y facilitó el futuro de Albert Batlle, un ex socialista pasado a Convergència, en lo más alto de la seguridad catalana. El jefe de los Mossos d'Esquadra sabe lo que calla: todo. Por tanto, el fruto del enjuague entre Bach y Tura (o mejor dicho, del triángulo Bach-Batlle-Tura) sigue valiendo y demuestra que Gordó no es precisamente un valet de chambre.
Si su mundo no le echa un cabo, el desmonte de Gordó puede ser grave para los secretos del nacionalismo que protegen a dirigentes como Artur Mas. ¿Es una moneda de cambio el ex consejero de Justicia?
La aparente vitalidad democrática de muchos catalanes despolitiza el espacio público bajo el yugo de aquellos que hablan de la crisis de la democracia representativa, surgida del sufragio universal, para glosar la democracia directa, plebiscitaria y refrendista. El discurso dominante en Cataluña erige el valor supremo de la democracia; quienes lo formulan se han tapado los oídos y se han puesto orejeras precisamente para no advertir que la mejor defensa de la democracia "consiste en combatir la democracia despolitizada" (Daniel Innerarity).
Afortunadamente, la política solo funciona sobre el marco institucional de reglas de juego, es la energía capturada en el interior de un arbitrio. Y su primer desmonte se produce cuando el ordenamiento jurídico cae en la instrumentalización salvaje. En su segundo auto, el juez Bosch habla de la existencia de un nexo común entre las empresas financiadoras y las fundaciones de Convergència. La Fiscalía añade que este nexo con un gran poder político en CDC es Germà Gordó. Si su mundo no le echa un cabo, el desmonte de Gordó puede ser grave para los secretos del nacionalismo que protegen a dirigentes como Artur Mas. ¿Es una moneda de cambio el ex consejero de Justicia?
La transparencia como dogma nos ha acabado conduciendo a la gobernanza de los sondeos, mientras que la laxitud frente a la ley nos lleva a la desconfianza. Si juntamos ambas cosas, estaremos de lleno en el argumento liquidacionista. "Haremos lo que quiere el pueblo y el pueblo", dicen JxSi y CUP, "quiere votar por la autodeterminación". El argumento del bloque soberanista proyecta una sombra sobre el delito, pero olvida la existencia de jueces y de cuerpos policiales, como la UCO, una unidad benemérita que, como diría un castizo, solo responde ante el Duque de Ahumada.