El movimiento independentista se llena la boca con la palabra democracia, que coloca siempre en grandes letras delante de las concentraciones, ya sea ante el Palacio de Justicia o en las Diadas del Onze de Setembre. “Esto no va de independencia, va de democracia”, repiten como un mantra últimamente.

Mientras tanto, deciden en el Parlament que la principal ley de la llamada desconexión, la de transitoriedad jurídica, se oculte y se apruebe sin debate, con la inútil pretensión de que no sea impugnada ante el Tribunal Constitucional; aplican en todo el proceso una mayoría parlamentaria que no serviría ni para reformar el Estatut o la ley electoral, ya que de la mayoría social no disponen, aunque insistan en que sí; y preparan un referéndum que no cumpliría ninguna de las condiciones de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa: ni sería constitucional, ni habría un amplio acuerdo de los partidos, ni se convocaría en un plazo de tiempo prudencial, ni se exigiría una mayoría cualificada en el resultado, ni contaría con la neutralidad del Govern ni de los medios públicos de comunicación.

La última demostración de cómo entienden Junts pel Sí (JxSí) y la CUP la democracia se produjo el pasado martes, cuando los dos grupos fulminaron la comisión sobre las manifestaciones del juez y exsenador Santiago Vidal, en las que revelaba que la Generalitat disponía de datos fiscales ilegales de los catalanes o que se habían elaborado listas de jueces afectos y desafectos al procés.

¿Qué pasaría si en el Congreso de los Diputados se anulara una comisión de investigación sobre la corrupción, por ejemplo, alegando que facilitaría el trabajo de la fiscalía?

JxSí había presentado una lista de ocho comparecencias, la mayoría profesores partidarios de la independencia, mientras que la oposición había propuesto 155, entre ellas, naturalmente, la del propio Vidal. Pero los dos grupos secesionistas retiraron las suyas y vetaron todas las demás en la primera sesión constitutiva de la comisión. Nunca antes desde la reinstauración del Parlament en 1980 había ocurrido nada semejante en las 23 comisiones de investigación que se han reunido en la Cámara en estos 37 años.

Una de las comparecencias anuladas era la de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que basa su campaña contra una posible inhabilitación por haber permitido votar las conclusiones de la comisión sobre el proceso constituyente hacia la independencia en que en la Cámara “se debe poder hablar de todo” y pretende convertir su caso en un atentado a la libertad de expresión.

Pero, como suele ocurrir en todos los incidentes de recorrido del proceso soberanista, lo peor no son los hechos, con serlo mucho, sino los argumentos que se utilizan para justificarlos. En este caso, JxSí alegó para abortar la comisión que solo buscaba “hacer el trabajo sucio a la fiscalía”. ¿Qué pasaría si en el Congreso de los Diputados se anulara una comisión de investigación sobre la corrupción, por ejemplo, alegando que facilitaría el trabajo de la fiscalía? El PP ha intentado en ocasiones desvirtuar o poner trabas a comisiones de investigación, pero no se ha atrevido a utilizar argumentos como ese, que sonrojarían en una democracia no ya de alta calidad, sino simplemente normal.

Todo indica que una de las razones de fondo, además de pasarse el Parlament por el forro de la mayoría, ha sido evitar que el otrora locuaz Santi Vidal, y ahora exiliado y mudo en su Siberia particular, se fuera de la lengua y dijera cosas inconvenientes, una especialidad maison.