La presidenta del Parlament viene argumentando desde hace meses que sus problemas con el Tribunal Constitucional tienen como base la voluntad de los jueces de impedir que la cámara catalana disfrute del inviolable derecho de expresión para debatir todo lo que quiera, preferiblemente sobre la independencia de Cataluña. Carme Forcadell se presenta a sí misma como la garante de que tal derecho siga practicándose con total normalidad, aunque para ello deba sufrir persecución judicial.

La comisión de investigación del caso Vidal --ya saben, aquel juez y senador republicano, estrella del procés y ahora desaparecido, que en su afán de agradar a la audiencia denunció al Gobierno catalán por actuar ilegalmente en sus trabajos preparatorios del día de la independencia-- ha nacido muerta por la decisión de JxS y la CUP de vetar cualquier comparecencia, comenzando por la de Santiago Vidal. Los grupos de la mayoría han utilizado el reglamento de la cámara para imponer su criterio y acallar una voz y un debate democrático, según parece para no facilitar el trabajo a la Fiscalía.

Pasan las horas y Forcadell todavía no ha comparecido para afear a los diputados de su grupo la maniobra parlamentaria que impide a la oposición practicar su derecho a la libertad de expresión. Seguramente, a la presidenta del Parlament le parecerá razonable que la libertad de expresión quede aparcada por un rato, al fin y al cabo, el fin siempre justifica los medios. Además, el juego de mayorías y minorías parlamentarias presenta este tipo de inconvenientes para las minorías.

Los grupos de la mayoría han utilizado el reglamento de la cámara para imponer su criterio y acallar una voz y un debate democrático, pero Forcadell no ha afeado esa maniobra parlamentaria que impide a la oposición practicar su derecho a la libertad de expresión

La actuación de los grupos independentistas es perfectamente legal, como lo fue en su momento, hace unos años, la decisión de la Mesa del Parlament de negarse a tramitar una iniciativa popular que reclamaba la convocatoria de un referéndum alegando que el Consell de Garanties Estatutàries les había advertido de que tal eventualidad quedaba fuera de las competencias del Estatut. Por el contrario, la advertencia del TC a la Mesa para que no diera curso a una determinada propuesta de resolución, considerada anticonstitucional, fue desoída solemnemente.

Forcadell sigue en su lucha contra aquellos que supuestamente pretenden impedir el debate independentista en la cámara catalana y no abre la boca para defender a los que quieren debatir sobre la verdad o la mentira del juez Vidal. Claro que son cosas diferentes, una conviene y la otra no, pero sorprende el silencio de una persona tan dada al discurso en defensa de los derechos fundamentales. La presidenta del Parlament negó ante la juez cualquier desobediencia, apelando a la inviolabilidad parlamentaria para tratar de lo que convenga, digan lo que digan las leyes, aunque estamos todavía por oír que las comisiones de investigación deberían atender a las solicitudes de comparecencia de la oposición, a pesar de que la mayoría pueda blandir el reglamento contra tanta transparencia.

Forcadell sigue en su lucha contra aquellos que supuestamente pretenden impedir el debate independentista en la cámara catalana y no abre la boca para defender a los que quieren debatir sobre la verdad o la mentira del juez Vidal

En el pleno del Parlament no se hace otra cosa que discutir del Tema, en mayúsculas y con total libertad, como la presidenta puede comprobar en directo desde su sillón. También estará al caso de que ninguno de los diputados que votaron a favor de la resolución que la ha mandado ante el juez fue investigado ni llamado a declarar. Los únicos investigados son los miembros de la mesa que ignoraron la advertencia del TC porque no se trataba impedir el ejercicio del derecho a la libertad de expresión o del voto de la cámara, sino de evitar que una propuesta contraria a la Constitución llegara al pleno. Como tantas otras cosas que nunca llegan al pleno o como tantos testigos que no serán llamados a declarar en la comisión creada para escucharlos.

¿Por qué el presidente del Parlament del año 2010 no apeló a la libertad de expresión para evitar que la Mesa cerrara el paso a una propuesta avalada por miles de catalanes pidiendo un referéndum? Pues porque la Mesa hizo caso a la oportuna advertencia de ilegalidad. La legalidad de 2010 seguía vigente cuando Forcadell consideró un imposible y una ofensa a la libertad de expresión impedir que se tramitará la famosa resolución de apoyo a un referéndum de independencia. Uno de los dos presidentes del Parlament se equivocó.