Cada vez que el FMI recomienda alguna medida al Gobierno español insiste en que suba el IVA, empezando por equiparar el tipo reducido de algunos bienes con el normal del 21%.

Acaba de proponerlo otra vez porque esa subida, más la de los impuestos especiales y los medioambientales, aumentaría los ingresos del Estado y mejoraría la actividad económica general.

Toda la obsesión del Fondo es que España reduzca el déficit público, que este año calcula que será del 3,25% (frente al compromiso europeo del 3,1%).

Los tecnócratas del FMI pierden una buena oportunidad para ayudar de verdad a nuestra economía. Por ejemplo, podrían contribuir a resolver uno de los grandes enigmas del negocio turístico, el primer contribuyente del PIB nacional.

El INE no encuentra a un tercio de los extranjeros que visitan el país cada año. Según sus registros, la tercera parte de los 75,6 millones de turistas de 2016 no pasaron ni una sola noche en territorio español.

La solución del misterio radica probablemente en la existencia de una red de alojamientos turísticos --1,76 millones de plazas--, paralela a la hotelera declarada --3,3 millones--, sumergida para Hacienda. Si la media por turista son 3,3 pernoctaciones y el precio medio de la habitación doble en Barcelona fue de 139 euros por día el año pasado, es fácil llegar a la conclusión de que solo por la vía del 21% del IVA de los hoteles el fisco pierde bastante más de 1.000 millones, bastante más del 0,1% del PIB.

Arreglando ese problema, España cumpliría automática y rápidamente con el compromiso de déficit público que tanto preocupa al FMI.

Los técnicos del FMI son liberales y favorables a la desregulación. Por eso miran a otro lado cuando ven el trapicheo de Airbnb, Home Away o Wimdu en el negocio turístico

Pero sus técnicos son liberales y favorables a la desregulación. Por eso miran hacia otro lado cuando comprueban que el país tiene unos ingresos de 77.000 millones gracias a la actividad turística y que operadores como Airbnb, Home Away o Wimdu trapichean en el negocio eludiendo el pago de impuestos.

Se trata de multinacionales que dicen trabajar en la llamada economía colaborativa para no tributar. Cuando los gobiernos les aprietan alegan que no se dedican a la hotelería, sino que son empresas tecnológicas porque trabajan a través de las redes y que se les debe aplicar otra legislación.

Es la desregulación --la misma que estuvo en el origen de la recesión del 2007-- que vuelve por sus fueros, al amparo del liberalismo y de las TIC. Los señores del Fondo parecen no haberse enterado del fenómeno, que ya arrasa en actividades como el transporte público y el turismo en algunas zonas del planeta.

Claro, es más fácil y efectivo subir los impuestos al consumo de las familias.