Mariano Rajoy ha declarado, con motivo de su última visita a Barcelona, que actuará con proporcionalidad, prudencia, mesura y equilibrio frente al desafío soberanista. En la misma entrevista descartó la aplicación del artículo 155 de la Constitución, asegurando que el Estado tiene otros mecanismos para que se cumpla la ley. La posición del presidente del Gobierno, coherente con su trayectoria, es la de esperar y ver. Su postura contrasta con la de las voces, cada vez más numerosas, que piden una actuación menos contemplativa del Gobierno y han abogado por la intervención de la Generalitat.

El debate de fondo es doble: ¿hasta cuándo debe esperar el Gobierno para actuar y cuál ha de ser el alcance de su actuación? La posición que se desprende de las palabras de Rajoy es que se esperará al último minuto. Que se permitirá la convocatoria y que, sólo en caso de que no sean atendidos los requerimientos de suspensión, se activarán otros mecanismos que no se han explicitado pero que, si Rajoy no cambia de opinión, serán proporcionales y prudentes, lo que parece descartar el desalojo de los secesionistas del poder mediante la intervención de la Generalitat.

La presunción de la debilidad de la respuesta de Rajoy ante el desafío soberanista fortalece los planes secesionistas

Esta estrategia de actuar a la defensiva y dejar la iniciativa a los secesionistas tiene sus riesgos. Ellos marcan el calendario, y las meras amenazas de actuar judicialmente, sobre todo después de la liviandad de las sentencias por el 9N, no parece que vayan a disuadirles. Por ello creo imprescindible aclarar cómo se va a impedir el referéndum. No se debe reaccionar en exceso pero, a la vista de su plan de actuación, que contempla la ocupación de la calle y la desobediencia, deben explicitarse las medidas a adoptar en cada escenario y no esconderlas por una mal entendida moderación que acabará favoreciendo una confrontación más radical.

La democracia, como ha ocurrido demasiadas veces en la historia, no debe ser débil y permitir que la convicción y arrojo de los que tienen proyectos políticos que la ponen en grave riesgo puedan aprovecharse de ella para destruirla. Puigdemont ha dicho que no cree que el Estado utilice la fuerza para frenar el referéndum. Será que su mera posibilidad debilita al secesionismo. El secesionismo amenaza con usar la suya. Lo mejor que puede hacer el Estado para no tener que utilizarla es transmitir la convicción de que no dudará en hacerlo si es preciso. Que puede hacer uso legítimo de ella. La presunción de la debilidad de la respuesta de Rajoy fortalece los planes secesionistas.

Debe quedar claro que, si la amenaza golpista no se frena ante la ley, lo que arriesgan los secesionistas es ser desalojados del poder. Utilizando todos los medios legítimos permitidos por nuestro Estado de derecho. Ni más, ni menos. Sin excesos pero sin miedo. Con prudencia pero sin dejación de las obligaciones. Ante un golpe de Estado anunciado, la democracia debe actuar para defenderse.