María Seguí tenía la difícil misión de suceder en el cargo a Pere Navarro, el mejor director general de Tráfico que se recuerda. Y es posible que lo hubiera conseguido de no ser por las oscuras actividades de su marido, que se ganaba la vida haciendo negocios alrededor de la DGT. Tuvo que dimitir.

Le sucedió en el puesto Gregorio Serrano, que no ha aprendido nada. Ni de ella ni de los casos de corrupción que afectan a su partido, el PP. La idea de que se puede hacer lo que uno quiera con el dinero público está tan arraigada en nuestro país que la gente siempre mete la mano en la caja: para su bolsillo, para el de su familia, para financiar a su partido; para lo que sea.

El señor Serrano, que debe pasar bastantes noches a la semana en su Sevilla natal, como Juan Ignacio Zoido --el ministro que le ha nombrado--, no tiene bastante con las dietas oficiales para pernoctar en un hotel o alquilar un piso en Madrid. No. Se le ocurrió que si lograba que la Guardia Civil le cediera una vivienda en una buena zona de la capital podría conseguir un chollo. El paso intermedio para lograrlo era poner la casa en condiciones, lo que costaba 53.000 euros en reformas; una factura que no iba a pagar él, claro.

Alguien de la Benemérita debió darse cuenta de la sinvergonzonería que proponía, y ni siquiera le contestaron. Luego, cuando estalló el escándalo, han explicado educadamente que sus pabellones están destinados únicamente a miembros activos o jubilados de la Guardia Civil.

¿Qué necesidad tenían tanto Serrano como Zoido de pasar por ese trance? Ninguna. Solo la afición a lo ajeno. Si este fuera un país normal, el presidente del Gobierno habría obligado al ministro a cesar a su amiguete, que fue teniente de alcalde de Sevilla durante los cuatro años que él ofició de alcalde.

Y no es un caso aislado. Vivimos a diario escándalos de mayor o menor intensidad que ponen en evidencia la caradura de tanta gente que maneja dinero público.

Es dinero gastado en propaganda política. No va al bolsillo de nadie, solo a la campaña de Barcelona en Comú, que dispara con pólvora del Rey, como Gregorio Serrano

El Ayuntamiento de Barcelona nos informó hace un par de domingos --en eso también se parece al PP: le gusta dar comunicados y ruedas de prensa durante el fin de semana-- de que había decidido comprar por 2,4 millones un local de 1.300 metros cuadrados en la calle Nàpols para que los vecinos del barrio de Sagrada Família pudieran disponer de un ateneo popular.

Según el consistorio, es un clamor ampliamente refrendado por los movimientos ciudadanos de la zona, huérfanos de espacios donde ejercer sus derechos democráticos. Pero no es verdad. A menos de 500 metros de esos bajos, los barceloneses que lo deseen tienen los espacios municipales del Poliesportiu Claror habilitados para juegos infantiles, talleres, básquet, "danzas urbanas" y bailes, además del fitness y las piscinas.

Otros 500 metros más allá está el enorme Centre Cívic del barrio, encima del mercado de Sagrada Família. Cuenta con siete aulas que cede a ONG's, empresas y asociaciones, sala de proyecciones donde se organizan conferencias, ciclos de cine y de música; además de biblioteca con wifi.

¿Qué necesidad tenía el consistorio de gastar 2,4 millones en la compra, más el papeleo, más el mantenimiento --IBI, servicios de agua y luz, limpieza-- del local de Nàpols? Ninguna. Es dinero gastado en propaganda política. No va al bolsillo de nadie, solo a la campaña de Barcelona en Comú, que dispara con pólvora del Rey, como Gregorio Serrano.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona quiere ensanchar su base electoral y lo hace atendiendo a las reclamaciones de los colectivos más radicales de la ciudad. En el caso que nos ocupa, la muchachada que se oponía a la instalación de un Mercadona donde estuvo el cine Niza.

A juzgar por el último CEO, es posible que la estrategia le dé resultado. La CUP pierde casi un 20% de sus votos, aunque habrá que ver dónde van. Pero Ada Colau debería meditar bien en qué gasta los recursos de la ciudad porque el consistorio tiende puentes con un electorado marginal --desde el punto de vista cuantitativo-- y con el dinero de todos soluciona cuestiones que no son, ni de lejos, de primera necesidad.

Eso no es compatible con los discursos que aluden al "barraquismo vertical" y a la "ciudad de la pobreza energética", como el que pronunciaba el otro día el teniente de alcalde Gerardo Pisarello al recordar el pasado oscuro de Barcelona. El consistorio no puede gastar ese dineral en atraer a unos jóvenes contestatarios mientras sabe que la miseria arrasa los barrios. ¿O sí?