A saber a qué dedican el tiempo libre los sindicatos, y en qué piensan los tribunos de la prensa cuando las autoridades ciudadanas, metropolitanas y regionales anuncian que van a obligar a retirar de la circulación de Barcelona 160.000 automóviles, so pretexto de que han cumplido los 20 años de edad. Es decir, que serán puestos fuera de la ley los coches de los ciudadanos con menor poder adquisitivo, los que no disponen con facilidad del dinero para cambiar de coche cada tres o cuatro años, que es la periodicidad ideal.

¿Nadie tiene nada que decir? ¿A todo el mundo le parece bien? Desde luego, en los despachos de la alta dirección de Volkswagen, Renault y demás multinacionales automovilísticas reina la alegría, corre el champán a raudales. ¡Menudo negocio en ciernes!

Donde no hay tanta alegría, sino más bien al contrario, fuerte mosqueo, es entre los propietarios de esos 160.000 coches, que por cierto han venido pasando --y pagando-- cada año la ITV, donde se les ha examinado el nivel de emisiones de gases y CO2.

La medida afecta a los coches de los ciudadanos con menor poder adquisitivo, los que no disponen con facilidad del dinero para cambiar de coche cada tres o cuatro años

El argumento aducido para la sustracción masiva de coches --la mitad del parque automovilístico, y precisamente los coches que son, tal como hemos dicho y tal como es obvio, propiedad de los ciudadanos de rentas más bajas-- apela a una buena causa, una causa ciertamente excelente: la lucha contra la contaminación atmosférica.

Pero tal vez esa causa noble podría defenderse igual de bien o mejor con medidas distributivas e igualitarias, como por ejemplo las que sugiere el presidente del RACC en la carta que envió ayer a sus socios, o la que aplica de vez en cuando el Ayuntamiento de Madrid cuando restringe la circulación un día determinado a todos los coches con matrícula de número par, y al siguiente a los impares.

En cualquier, caso una sustracción de coches tan colosal como ésta (que me recuerda la matanza, por orden de Herodes, de todos los niños de Belén menores de dos años --¡la matanza de los inocentes!--) no debería hacerse impromptu sino tras un debate público, anunciándola con años de antelación y compensando los perjuicios que causará con algún tipo de ayuda pública sustanciosa, sobre todo cuando se trata de automóviles que son herramientas de trabajo.

Y desde luego quien debería anunciarla no es Josep Rull, sujeto de credibilidad pachucha tirando a mal, ya que, como conseller confeso que es del "Govern dels millors", incluso cuando se refiere a emisiones de CO2, cualquier cifra y cualquier tanto por ciento que maneje hace malpensar, inevitablemente, en el famoso "tres per cent".