Los señores Puigdemont y Junqueras, altos cargos del Gobierno de Cataluña, son expertos en el arte de confundir y, si es preciso, mentir en el ejercicio de su responsabilidad política.

Responsabilidad que la ejercen en el marco del Estado democrático de derecho de España, regido por una Constitución, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, el conjunto de la legalidad democrática y bajo el control de los derechos fundamentales. Esta realidad incontestable, en el artículo publicado este lunes en El País, es ocultada maliciosamente porque es la única fuente de su legitimidad. Legitimidad muy limitada, pues accedieron al poder gracias a la ley electoral española y pese al voto ciudadano minoritario.

Su escrito versa sobre un supuesto "referéndum de autodeterminación". Es una gran manipulación histórica. Tal derecho solo fue reconocido una vez por la comunidad internacional. En la resolución de la ONU de 1960 para los pueblos explotados colonialmente. Nunca, en ningún tratado internacional, ese derecho ha sido mencionado. Por tanto, basta ya de mendacidad.

¿Qué atención y respeto les merecen los ciudadanos catalanes, mientras nos ocultan los planes clandestinos para la llamada "desconexión" del Estado?

Luego afirman que "es la hora de la política", "en Cataluña la hacemos". Habría que ver qué modo de hacer política es la reciente reforma antidemocrática del Reglamento de la Cámara catalana. Y añaden, "otros [evidentemente, se refieren al Gobierno de España] han decidido delegar en los tribunales su responsabilidad política". Lo que se traduce para ellos en "querellas, judicialización de la política, guerra sucia, amenazas de uso de medidas excepcionales, etcétera". Esto es rotundamente falso, en particular respecto a los jueces y fiscales. Salvo que pretendan, como una verdadera casta, quebrantar, con la garantía de una plena impunidad, las leyes democráticas y someter a sus particulares y partidistas criterios las instituciones legítimas. La acusación del fiscal y la sentencia condenatoria de Mas y sus cooperadoras son un ejemplo paradigmático de objetividad e independencia. Y, por cierto, abandonen ya esa palmaria falsedad de que fueron condenados por "el delito de dar voz a los ciudadanos". Ni ustedes se lo creen.

Otra gran mentira: "El Estado ha abandonado a todos los catalanes". Más adelante, hablan de la "desatención" de Cataluña. Pueden abrirse muchos interrogantes. ¿Qué atención y respeto les merecen los ciudadanos catalanes, mientras nos ocultan los planes clandestinos para la llamada "desconexión" del Estado? Menospreciando su derecho, ya fundamental, a la transparencia de su actuación gubernamental. Y, añaden, "también [ha abandonado] a los que no quieren la independencia" porque, según ellos, también "sufren [...] cuando su país sufre". Quien escribe estas líneas se encuentra entre estos catalanes. ¡Basta ya de manipulación y ofensa a los sentimientos y la inteligencia de los ciudadanos catalanes! ¡Y basta ya de discriminaciones objetivas por razón de las opciones políticas!

Por un principio básico de cualquier consulta ciudadana, ustedes carecen de la mínima objetividad e imparcialidad exigible a quien convoca una consulta de esas características

Una pregunta, señores gobernantes: ¿Qué ley de referéndum pretenden aplicar para el hipotético e indeseable caso de que llegase a celebrarse el que ustedes pretenden? Porque, por un principio básico de cualquier consulta ciudadana, ustedes carecen de la mínima objetividad e imparcialidad exigible a quien convoca una consulta de esas características.

Y, en fin, si ustedes entienden que el Gobierno de España "ha logrado un hartazgo muy mayoritario en la sociedad catalana", ustedes no le van a la zaga. Somos millones de catalanes los que consideramos que el llamado procés solo conduce, si es que conduce a alguna parte, a la insolidaridad con los pueblos y trabajadores de las Españas, a formas cada vez más acentuadas de exclusión social y a una creciente fractura del tejido social. Es la consecuencia natural del nacionalismo que quieren imponer. No lo conseguirán.