Antes de que lo hagan los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), es muy probable que sea Fèlix Millet quien retire a Artur Mas de la carrera política. La demoledora confesión de Millet (más las de Jordi Montull y su hija Gemma) acusando directamente a Convergència de financiación irregular a través del Palau de la Música coloca a Mas en la puerta de salida de la política sin esperar a saber si los jueces del TSJC lo inhabilitan por organizar el 9N.

Millet pronunció la frase de la muerte: “Ferrovial hacía donaciones al Palau para que el dinero fuera a CDC a cambio de obra pública”. Y reveló que el 3% del que habló Pasqual Maragall en febrero del 2005 en el Parlament --“ustedes tienen un problema y ese problema se llama 3%”-- era en realidad el 4% (el 2,5% para CDC, el 1% para Millet y el 0,5% para Montull).

Mas y los representantes de la antigua Convergència se han apresurado a afirmar que todo son invenciones de los declarantes para rebajar sus penas. Esa rebaja está pactada en el caso de la hija de Montull (de 26 años a tres), pero no está clara para el dúo de saqueadores confesos del Palau, para quienes el fiscal pide 27 años y seis meses de cárcel. Las negativas de CDC pierden por eso valor y también porque Millet y Montull no han negado, sino que han reconocido, su enriquecimiento personal y la condena asociada al saqueo, de la que no se librarán por más que acusen a Convergència.

Las acusaciones de Millet y Montull se han parado a la altura de los tesoreros de CDC, pero es muy ingenua la pretensión de Mas y de otros dirigentes del partido de desvincularse de lo sucedido

En ese apartado del enriquecimiento personal, han admitido desde los 2,5 millones de euros en obras particulares a cargo del Palau hasta los sobresueldos de 800.000 euros anuales para Millet y 200.000 para Montull pasando por los viajes polinésicos de las familias o las bodas de las hijas de Millet sufragadas con los fondos de la institución cultural.

Las acusaciones de Millet y Montull se han parado a la altura de los tesoreros de CDC, pero es muy ingenua la pretensión de Mas y de otros dirigentes del partido de desvincularse de lo sucedido. Es la misma táctica utilizada por Mariano Rajoy y la dirección del PP en los casos de Luis Bárcenas o de la Gürtel, pero nadie puede creer que la financiación de un partido se decida al nivel de los tesoreros. Entre los casos de CDC y el PP hay, por cierto, muchos paralelismos, tanto en el número de tesoreros implicados (tres) como en el modus operandi o en la manera de desviar la atención.

Pero es que, además, es de dominio público que la financiación de los partidos ha dependido durante años y es muy posible que dependa aún de las comisiones pagadas por las empresas constructoras de obras públicas cuando esos partidos han gobernado y, por tanto, han tenido poder para adjudicar los contratos.

La salida a la luz pública con toda su crudeza de la financiación de CDC afectará, sin duda, al proceso soberanista

Pese a lo que algunos empiezan ya a decir, la salida a la luz pública con toda su crudeza de la financiación de CDC afectará, sin duda, al proceso soberanista, aunque los actuales jóvenes dirigentes del PDECat se hayan desmarcado de sus predecesores y abominen de la corrupción. Marta Pascal ha declarado que la corrupción “le da asco”, la misma expresión utilizada por el portavoz de ERC, pero esas reacciones no van a evitar las repercusiones en el procés de la confesión de Millet y Montull.

Algunos de los que ahora aseguran que no afectará son los mismos que decían que la confesión de Jordi Pujol tampoco iba a debilitar el proceso soberanista y ahora reconocen que sus efectos han sido devastadores. El intento de minimizar esa influencia formaba parte de la política virtual que se practica en Cataluña, pero no de la real.

A veces, la política real irrumpe en ese universo virtual en que se ha convertido la política catalana. Ha vuelto a ocurrir ahora con la corrupción del partido que ha gobernado Cataluña 30 años mientras en el Parlament, el día anterior, el bloque independentista daba pasos hacia la secesión exprés con el objetivo de aprobar leyes que no se aplicarán o referéndums que no se celebrarán. Política real frente a política virtual.