Si los socialistas catalanes hubieran sido excluidos de los órganos federales del PSOE, como se temía hace unos meses, la ruptura de facto entre ambos partidos se habría utilizado por parte del separatismo como la prueba definitiva de la incompatibilidad entre Cataluña y España. Los dirigentes del PSC hicieron bien en advertir, tras la grave crisis abierta en octubre pasado, de que ese escenario supondría, en palabras de Miquel Iceta, "un gran triunfo del independentismo". Aún más contundente fue su secretario de Organización, Salvador Illa,  al señalar que "si el PSC no hallaba encaje en el PSOE, muchos catalanes entenderían que Cataluña tampoco lo tenía en España", afirmó en diciembre tras reunirse la comisión de diálogo entre ambas organizaciones. Pese a lo dramático de que esa hubiera podido acabar siendo la foto final, lo peor estuvo a punto de haber ocurrido porque la lógica cainita abierta por la celebración de primarias para la secretaria general en el PSOE invitaba a imponer un severo castigo al PSC en tanto que baluarte del sanchismo. El desleal desmarque orgánico de los socialistas catalanes ante una decisión adoptada por el Comité Federal, en el que ellos habían participado como siempre, votando, daba argumentos para su exclusión.

El nuevo acuerdo no cambia lo sustancial, pero sí refleja en la letra el peaje que ha tenido que pagar para superar la enorme desconfianza que existía entre quien manda en la Gestora

Por fortuna se ha impuesto la sensatez y el nuevo acuerdo que ayer suscribieron Iceta y el presidente de la Gestora socialista, Javier Fernández, actualiza y detalla el esquemático protocolo de unidad socialista de 1978. El nuevo texto lo que hace es ofrecer más garantías al PSOE de que lo sucedido no volverá a ocurrir. El PSC se ha esforzado por redoblar sus pruebas de lealtad. En realidad, el acuerdo fundacional ya dejaba claro cuál era el ámbito de actuación de cada uno. Los catalanes decidían conjuntamente con el resto de los socialistas españoles en los órganos federales la política para todo el Estado y, en Cataluña, el PSC la aplicaba. Tenía "plena soberanía" para decidir en función de sus competencias, pero "de acuerdo con el marco constitucional". En los años en que el PSC tuvo grupo parlamentario propio (1977-1982), el protocolo de asociación con el PSOE hablaba de "disciplina común de acción, voz y voto en el Congreso de los Diputados" entre ambos grupos. Así pues, el nuevo texto no ha introducido ninguna novedad relevante, por mucho que digan lo contrario aquellos que durante décadas han estado cuestionando el catalanismo del PSC, y que ahora afirman que ha dejado de ser soberano para convertirse en un mero apéndice del PSOE. O sea, poco más o menos lo que ya decían antes.

Iceta ha sido hábil al afirmar que el PSC no ha perdido soberanía, sino ganado "peso político". Con ello hace de la necesidad, virtud. El nuevo acuerdo no cambia lo sustancial, pero sí refleja en la letra el peaje que ha tenido que pagar para superar la enorme desconfianza que existía entre quien manda en la Gestora. Que se explicite en el texto que "los acuerdos de gobernabilidad, la política de coaliciones, pactos y alianzas electorales" será en adelante "consensuada" con el PSOE es un indicativo del precio que ha tenido que pagar, el precio de la lealtad, a cambio de no ser excluido de las primarias. Comprometerse a explicar y consensuar su política doméstica, en lógica contrapartida con su participación en los órganos federales, es una buena receta para reconstruir una relación que de haberse roto hubiera empeorado gravemente la crisis territorial en España. El federalismo hay que predicarlo también con el ejemplo.