Quienes se llenan cada día la boca de democracia, quienes propagan que solo los que defienden el “derecho a decidir” son demócratas, quienes viajan a Londres o Nueva York para desacreditar a la democracia española, quienes se creen tan importantes que identifican su persona y sus actos con el Estado de derecho aceleran los planes para perpetrar un atentado a la legalidad --violando la Constitución y el Estatut--, a la democracia y al Estado de derecho.

Forma parte de esa aceleración la propuesta de reforma del reglamento del Parlament impulsada por el bloque independentista (Junts pel Sí y la CUP) para aprobar en un solo día la secreta ley de transitoriedad jurídica --una declaración de independencia enmascarada--, sin debate en comisión y sin enmiendas. En principio, pretendían hacerlo solo con la iniciativa de los dos grupos pero, ante la advertencia de los servicios jurídicos, han aceptado crear una ponencia conjunta. Pero el problema de fondo permanece.

La reforma, consistente en modificar el artículo 135 del reglamento del Parlament, persigue que para aprobar las proposiciones no de ley en lectura única baste la iniciativa de un grupo parlamentario y no de todos, como ocurre ahora. Y la intención es que la ley de transitoriedad se presente como proposición de ley parlamentaria en lugar de como proyecto de ley del Govern para impedir que el Tribunal Constitucional (TC) inhabilite al president y a todos los consellers que la suscriban.

Los heraldos del independentismo, con el inefable e inevitable Ramon Tremosa al frente, han salido al paso de las críticas de la oposición a lo que se ha calificado de “golpe parlamentario” con el argumento de que el Congreso de los Diputados hizo lo mismo para reformar el artículo 135 de la Constitución y priorizar el pago de la deuda pública a cualquier otro gasto. Pero resulta que esa reforma aprobada por el PP y el PSOE --en el Congreso se necesita el concurso de dos grupos para la lectura única-- fue justamente criticada por los mismos (CDC y ERC) que ahora la utilizan para justificar la modificación en Cataluña.

La aceleración del procés solo busca provocar una respuesta violenta o al menos autoritaria del Estado para acumular más victimismo

El meollo del asunto, además, no está en la reforma legítima del mecanismo de la lectura única, sino en el objetivo final, que no es otro que la aprobación del nuevo reglamento, de la ley de transitoriedad y quizá de la convocatoria del referéndum secesionista en la misma sesión de la Cámara, sin apenas debate y sin tener en cuenta la inexistencia de mayoría social para proclamar la independencia. Comparar la modificación de un artículo de la Constitución, por importante que sea, con lo que pretenden los partidos independentistas sería una broma si no fuera una barbaridad.

Pese a esta maniobra, las discrepancias entre Junts pel Sí y la CUP persisten, con la característica de que, como viene siendo habitual, es más coherente con sus postulados la formación anticapitalista que sus aliados. La CUP quiere una ley específica para convocar el referéndum, sostiene que debe haber una ruptura de la legalidad antes de proclamar la independencia y que esta proclamación no se puede hacer sin haber ganado antes el referéndum. El otro camino, apoyado por Junts pel Sí, proclama de hecho la independencia mediante la ley de transitoriedad jurídica y el funcionamiento de las estructuras de Estado antes incluso de celebrar el referéndum.

Pero este galimatías jurídico es, en realidad, solo carne de procesismo. Todos los que defienden en público el referéndum confiesan en privado que no se va a celebrar. El Consell de Garanties Estatutàries, por cierto, acaba de declarar por unanimidad que la disposición adicional de los presupuestos de la Generalitat dedicada al referéndum es inconstitucional y antiestatutaria. No lo dice el TC, sino su equivalente catalán.

La aceleración del procés solo busca, como ya profetizó hace meses el dirigente de la CUP Quim Arrufat, provocar una respuesta violenta o al menos autoritaria del Estado para acumular más victimismo e indignación “contra Madrid” e ir así a unas elecciones con mayor posibilidad de ganarlas.