El INE ha dado a conocer la cifra de crecimiento de la economía del año pasado, un 3,2%; como en 2015. Es un buen ritmo, tanto que permite al Gobierno seguir diciendo que somos el país que más crece. Es una verdad a medias; o sea, otra mentira.

Es cierto que la renta global del país alcanzó el año pasado los 1.113.851 millones de euros, apenas 3.000 millones por debajo de 2008, el primer ejercicio entero en recesión. Luis de Guindos no ha perdido tiempo para subrayar el dato y para recordar que, según sus peculiares estadísticas, España es la punta de lanza de Europa.

Pero España ha tardado ocho años en recuperar la renta de 2008, cuando Alemania lo hizo en dos años, en 2010. De hecho, el PIB alemán del año pasado superó en un 22,3% al de 2008. En Francia ocurrió lo mismo: en 2010 se puso a la par; y ahora su PIB está un 11,5% por encima de 2008. Italia, que lo recuperó en tres años, ha mantenido cierto estancamiento y hoy sólo supera aquel PIB en un 2,5%.

El Gobierno español insiste en su cantinela subyacente de que los recortes y la austeridad han dado resultados

El Gobierno español insiste en su cantinela propagandística subyacente de que la política de los recortes y la austeridad ha dado grandes resultados. Pero no es así. La crisis nos ha hecho más daño que a nuestros vecinos y mantenemos las mismas debilidades que en 2008.

Una de las pocas verdades objetivas de la información oficial es que nuestras empresas han ganado competitividad, labrada a golpe de reducción de costes salariales.

Una fórmula para mantener esa competitividad sin poner en peligro la demanda interna, según coinciden algunos expertos, es que las empresas ganen dimensión.

Casi todos ellos consideran que los incentivos fiscales pueden contribuir a vencer esa vocación tan española de ser cabeza de ratón antes que cola de león.

Esta misma semana el Registro de Asesores Fiscales ha dado a conocer un interesante estudio sobre el mapa tributario español visto desde las comunidades autónomas.

Llama la atención el número de modificaciones introducidas en los impuestos cedidos: 195 deducciones en el IRPF, 238 excepciones en transmisiones patrimoniales y 225 salvedades en sucesiones y donaciones. Aún es más curioso que casi ninguna autonomía se haya preocupado por refundir los cambios en un solo texto para facilitar la vida al contribuyente. Pero lo más llamativo es que las bonificaciones en herencias de empresa --95% en fincas rústicas, en el caso catalán-- nunca se vinculan a la productividad o a la dimensión del negocio, sino a lo contrario: a que no se venda, a que permanezca en las mismas manos.

Los fiscalistas denuncian que una descentralización tributaria que podría suponer un aliciente es en realidad un marasmo opaco con resultados claramente arbitrarios. Más allá de la absurda competencia entre territorios, las haciendas locales podrían contribuir al proceso a que obliga la globalización, imprescindible para la supervivencia.

La pendiente reforma de la financiación autonómica es una gran oportunidad para que el Gobierno y las comunidades se pongan de acuerdo y hagan algo positivo.