En Cataluña la oposición no sólo es incapaz de articular una alternativa a un secesionismo dividido y estancado sino que se muestra impotente para ejercer una oposición que merezca tal calificativo a pesar de las numerosas oportunidades que le proporciona la coalición gobernante.

De hecho, la política catalana tiene dos polos de atención: la lucha más o menos soterrada entre Mas y Junqueras para conseguir la hegemonía en el bloque secesionista tras las próximas elecciones, y la pugna entre el Govern y el Gobierno español para imponer o evitar un referéndum ilegal. La oposición catalana asiste a los acontecimientos como un convidado de piedra incapaz de cualquier protagonismo.

Cuesta creer que la oposición haya permitido, por ejemplo, abandonar el Parlament, que el Govern niegue a los diputados catalanes dar explicaciones sobre sus planes secretos sobre el referéndum y la denominada desconexión. ¿Qué sentido tiene un parlamento al que se le niega conocer y debatir sobre la única política desarrollada por el Govern en esta y la anterior legislatura?

No parece que tengamos una oposición capaz de ser alternativa de gobierno

Esta situación ha dado todo el protagonismo opositor al delegado del Gobierno, Enric Millo, que ha sabido ganárselo con un discurso claro y sin complejos. Desde luego, mejor eso que nada. Era necesario que el Gobierno español tuviera un discurso para Cataluña. Pero no es suficiente. Los políticos de la oposición deberían hacérselo mirar. La degradación del clima político en Cataluña sólo podrá revertirse si, primero, los ciudadanos percibimos la existencia de una oposición real al secesionismo y, después, si esta es capaz de mostrarse como una alternativa de gobierno.

El Gobierno central puede y debe evitar un referéndum ilegal. Debe hacer cumplir las leyes y las sentencias en Cataluña. Pero el cambio de las políticas que nos han conducido a la situación actual sólo puede revertirse desde el Gobierno de la Generalitat. Y, tristemente, no parece que tengamos una oposición capaz de ser alternativa de gobierno.