En pleno desprestigio de la justicia en España, debido a muy discutibles decisiones en el caso Nóos que afectan a Iñaki Urdangarin y a la Infanta Cristina, en medio de la batalla para acomodar la cúpula de la Fiscalía Anticorrupción a los deseos del Gobierno, una sentencia ejemplar viene a reconciliar a los ciudadanos con los tribunales. Ha sido dictada en tan solo tres semanas desde que acabó el juicio por la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional y sigue casi al pie de la letra las peticiones del fiscal Alejandro Luzón, uno de los que molestan al Gobierno de Mariano Rajoy.

Se trata de la condena de los 65 procesados por el uso indebido de las llamadas tarjetas black (negras) de Caja Madrid y luego de Bankia. En comparación con las grandes barbaridades ocurridas en lo que Antonio Muñoz Molina ha llamado "los años del delirio", el caso de las tarjetas black quizá sea el de menor cuantía de la cincuentena de causas judiciales abiertas (12,5 millones de euros), pero fue el que levantó mayor alarma social y el que se convirtió en el mejor estandarte de los excesos cometidos. Solo el coste de la crisis de Bankia asciende a 22.424 millones de euros, que ha tenido que pagar el contribuyente, una cantidad enorme en la que casi ni se aprecian esos 12,5 millones incluidos en el rescate, pero la obscenidad con que se usaron los convierte en decisivos en la toma de conciencia por parte de la opinión pública de lo que estaba sucediendo o había sucedido.

El caso se inició mediante la publicación por eldiario.es de un correo electrónico interno de Caja Madrid, de fecha 1 de septiembre de 2009, en el que se detallaba la existencia de las tarjetas black. En octubre de 2014 se supo que la Fiscalía Anticorrupción indagaba sobre el asunto tras una investigación interna de los nuevos responsables de Bankia. Y dos años y cuatro meses después se conocen las condenas de seis años de prisión al expresidente Miguel Blesa, el amigo de José María Aznar, y de cuatro años y seis meses a Rodrigo Rato, exvicepresidente económico del Gobierno de Aznar. Los dos son condenados por apropiación indebida continuada mediante un mecanismo, el de las tarjetas black, que controlaba el exdirectivo de la caja Ildefonso Sánchez Barcoj, castigado por "complicidad" a dos años y medio. El resto, hasta 65 personas, recibe condenas como "colaboradores" de entre tres meses y cuatro años de cárcel. En total, las penas suman 120 años y seis meses de prisión.

La sentencia del caso de las tarjetas black es emblemática de los desastres de la crisis económica y social

La sentencia es emblemática de los desastres de la crisis económica y social por dos razones. En primer lugar, los condenados representan el establishment como nadie (hay representantes de los dos grandes partidos, PP y PSOE, también de IU y de los sindicatos, de las patronales y hasta de la Casa del Rey). En segundo, el empleo de los fondos, que además no se declaraban a Hacienda, muestra la obscenidad en la disposición de un dinero que al final ha sido público: gastos en viajes, esquí, cacerías, discotecas, hoteles, joyas, puros, vino, ropa interior, trajes, clubs de golf, entradas de espectáculos, gasolineras, supermercados, casinos, etcétera. Es decir, las tarjetas black de las que disponían los condenados, administradores, consejeros o directivos de la entidad se utilizaban para lo que la sentencia califica de "atenciones netamente personales".

La obscenidad quedó también patente en el juicio cuando uno de los argumentos de la defensa fue que la publicación de la prueba clave --las hojas Excel en que se consignaban los 5.000 movimientos bancarios producidos-- vulneraba la intimidad de los acusados. La sentencia deja claro que la intromisión es "perfectamente legítima" porque de lo que se trataba era precisamente de discernir si los gastos eran corporativos o personales.

Los condenados deberán devolver el dinero irregularmente percibido. Algunos ya lo han hecho y por ello se han visto beneficiados con atenuantes. Pero si no lo hacen, los responsables solidarios de la devolución son Blesa y Rato. En este sentido, la sentencia también satisface uno de los requisitos que los delincuentes de cuello blanco a menudo sortean, lo que contribuye a la impopularidad de la justicia: la devolución del dinero.