Algunos comentaristas de la actualidad subrayan el carácter extraordinario y excepcional de la situación de Artur Mas, alias el Astut, expresidente de la Generalitat de Cataluña, que estos días está siendo juzgado en Barcelona, acusado de los delitos de desobediencia y prevaricación que presuntamente cometió en el ejercicio del cargo. Sostienen estos comentaristas que su caso es prueba de la inquina que le tienen las instituciones o poderes fácticos "de Madrid", o “del Estado”, a Cataluña.

Recordemos algunos nombres de presidentes de comunidades autónomas que se han adelantado al Astut, pisando antes, y por supuesto muy a disgusto, los juzgados.

Carlos Collado, presidente de la Región de Murcia desde 1984 a 1993, del PSOE, fue a juicio por unas acusaciones de corrupción que no se pudieron substanciar; fue declarado inocente.

Gabriel Urralburu, presidente socialista de Navarra 1984-1991, fue a la cárcel en el marco del caso Roldán por haber cobrado, durante su mandato como presidente navarro, comisiones de las constructoras en adjudicaciones de orden público.

Javier Otano, presidente socialista de Navarra en 1995-1996, dimitió de su cargo al descubrírsele una cuenta en Suiza, relacionada, como en el caso de su predecesor, con el caso Roldán. El juicio fue sobreseído porque los delitos habían prescrito.

Gabriel Cañellas, presidente de Baleares desde 1983 hasta 1995 por el PP, fue acusado de prevaricación y cohecho en la construcción del túnel de Sóller. El juez declaró probadas las acusaciones pero fue absuelto por haber prescrito el delito.

Jaume Matas, expresidente balear por el PP (ocupó el cargo en los años 1996-1999 y volvió a la presidencia en 2003-2007), fue condenado a seis años de cárcel por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales, apropiación indebida, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito fiscal y delito electoral. Actualmente está en tercer grado.

Juan José Ibarretxe, ex presidente del País Vasco (ocupó el cargo desde 1999 hasta el 2009), fue acusado de un delito de desobediencia por sus reuniones con la dirección de Batasuna, el brazo político de ETA. La causa finalmente fue archivada. Su consejero de Interior, Juan María Atutxa, del PNV, como Ibarretxe, fue condenado a año y medio de inhabilitación por desobedecer la orden del Tribunal Supremo de disolver el grupo parlamentario de la ilegal Batasuna cuando ocupó el cargo de presidente del Parlamento Vasco.

Francisco Camps, siendo presidente (PP) de la Generalidad de Valencia (2003-2011), fue acusado por el caso de los trajes y acabó por dimitir, aunque finalmente el jurado le absolvió de las acusaciones.

Manuel Chaves (PSOE), presidente de la Junta de Andalucía desde 1990 hasta 2009, está imputado en el caso de los ERE y acusado de prevaricación y malversación de caudales, igual que su sucesor.

José Antonio Griñán, también socialista y presidente de la Junta de Andalucía entre 2009 y 2013, está imputado, junto a Chaves y varios consejeros de sus gobiernos, por los mismos cargos que estos.

Ignacio González (PP), expresidente de la Comunidad de Madrid (2012-2015), está imputado por los delitos de cohecho y blanqueo de capitales.

Jordi Pujol, presidente de la Generalitat de Cataluña (1980-2003) por CiU, está acusado y a la espera de juicio por varios supuestos delitos de corrupción, blanqueo de capitales, etc.

Al margen de algún caso que posiblemente olvido y de las inexactitudes que haya cometido en los que acabo de mencionar, sirva esta lista para constatar que no hay nada de excepcional en la situación actual del Astut Mas; nada para rasgarse la camisa como hacen sus turiferarios de la pluma y el micro. Ni siquiera es el único de los inculpados en sostener que quien le acuse a él en realidad acusa a todos los ciudadanos de la autonomía que presidió, en su caso, de forma tan enredosa y "astuta".