La espectacular operación desarrollada por un juzgado de El Vendrell contra la trama corrupta del 3% supone un capítulo más de este inacabable culebrón de rapiña insaciable y cobro de comisiones que tiene en vilo a la cúpula de la extinta Convergència.

En esta ocasión el rastreo se ha centrado en 18 figuras relevantes de la política o del ámbito empresarial. Lo más llamativo de este episodio es que varios de los apresados forman parte del núcleo de amiguetes y estrechos colaboradores de Artur Mas.

Uno de ellos, Sixte Cambra, lidera desde hace seis años el Puerto de Barcelona. Llegó al cargo por un sistema expeditivo: el dedazo del presidente de la Generalitat. Cambra es vicepresidente de la firma de cazatalentos Seeliger y Conde, cuyo máximo exponente es Luis Conde. Aparte de dicho cargo, Cambra lleva nada menos que treinta años chupando mamandurrias de la ubre pública. Es un típico ejemplar de eso que los desarrapados capitostes de Podemos llaman con despecho “la casta”.

Otro de los personajes aprehendidos es Antoni Vives, secretario general de Artur Mas, cuando éste ejercía de consejero jefe a las órdenes del entonces muy honorable Jordi Pujol Soley. Luego se pasó con armas y bagajes al ayuntamiento de Barcelona, donde hizo de mano derecha de Xavier Trias.

Además de Cambra y Vives, la Guardia Civil detuvo a Andreu Viloca, ex tesorero de Convergència, quien ya ha sufrido vicisitudes similares en otras varias ocasiones, siempre por cuenta del maldito 3%; y a Josep Manuel Bassols, directivo de la constructora Oproler, ex alcalde del municipio gerundense de Anglès y ex jefe de campaña de Carles Puigdemont.

El tal Bassols está casado con su homónima Núria Bassols, a quien Artur Mas enchufó en 2015 como comisionada de Transparencia de la Generalitat, uno de esos innumerables cargos que pululan en su organigrama, tan inútiles como suculentamente retribuidos.

Por desgracia, la comisionada hubo de dimitir a comienzos de 2016, a raíz del arresto de su santo esposo por el eviterno asunto del 3%. Tras su cese, se incorporó como magistrada al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Para esta tropa el tiempo se ha estancado. Sus motivos no difieren de los que Jordi Pujol esgrimió hace más de treinta años, cuando los fiscales le pedían cuentas por la quiebra de Banca Catalana y por otras menudencias

Apenas conocida la batida judicial de esta semana, los dirigentes del partido de Artur Mas saltaron a la palestra para arremeter contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Utilizan los mismos sobados argumentos de siempre. A saber, que las diligencias procesales constituyen un vil ataque a Cataluña por parte de esa España que no hace otra cosa que odiar, insultar y robar a mansalva a los catalanes de toda laya y condición.

Para esta tropa el tiempo se ha estancado. Sus motivos no difieren de los que Jordi Pujol esgrimió hace más de treinta años, cuando los fiscales le pedían cuentas por la quiebra de Banca Catalana y por otras menudencias.

Curiosamente, el origen de este nuevo golpe al mangoneo generalizado de Convergència radica en la localidad de Torredembarra. Las fuerzas de seguridad capturaron a su alcalde en 2014. Se le acusaba de haber cobrado supuestamente una mordida de Grupo Teyco (ahora llamado Top Proyectos y Contratas). Éste pertenece a la acaudalada familia Sumarroca, enfangada hasta el tuétano en otros varios casos de supuesta rapacidad al por mayor.

El juez de El Vendrell comenzó a tirar del hilo y hace un par de veranos desató una razia contra los Sumarroca. La fuerza pública registró las oficinas de la empresa y el domicilio de su máximo responsable Jordi Sumarroca Claverol. Descubrió documentos con listas de las obras concedidas a Teyco por diversos ayuntamientos catalanes. En ellos se reseñaba el importe de las adjudicaciones y, en columna anexa, otra cifra que, casualidad de las casualidades, equivalía al 3% cada partida. Ese folio y otros documentos hallados en una fundación de Convergència han servido ahora de base para desatar la actuación policial.

Jordi Sumarroca ha sido arrestado varias veces y ha pasado por la cárcel. En uno de esos lances, el instituto armado también trincó a su tío Joaquim y a su prima Susana. Su padre y su hermano, Carles Sumarroca Coixet y Carles Sumarroca Claverol, están imputados por presuntos pagos ilícitos a Jordi Pujol Ferrusola.

Artur Mas, Carles Puigdemont y Xavier Trias siguen escurriendo el bulto y echan la culpa al maestro armero. Pero tengo para mí que a estas alturas de la película ya sólo engañan a su colección habitual de paniaguados y a los más fanatizados independentistas.

Es fama y razón que la Justicia de este país camina al exasperante paso de las tortugas. Pero cuando se pone en marcha, no hay quien la pare. Si alguien cree gozar de inmunidad o de impunidad, va arreglado.