Inspectores de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) registraron, hace muy pocos días, las dependencias de varios fabricantes de sistemas de electrificación y equipos electromecánicos ferroviarios.
Tal actuación se debe a la sospecha de que esas compañías, carentes de vínculos jurídicos o económicos entre sí, acordaron en secreto fijar los precios para sus suministros a la entidad estatal española que tiene a su cargo las infraestructuras de los ferrocarriles. Con ello, además de lucrarse inmoderadamente, cerraron el paso a otros actores deseosos de abrirse un hueco en el sector.
El citado organismo impuso el año pasado 64 multas, por un importe conjunto de 247 millones de euros. Sus portavoces aseveran que los afectados, en la inmensa mayoría de los casos, acostumbran a apelar ante la Audiencia Nacional. Y si los fallos de ésta les son adversos, elevan recurso al Tribunal Supremo. Así consiguen alargar el proceso durante un mínimo de seis años, aunque para ello hayan de presentar los avales bancarios pertinentes. El balance final es que la justicia desestima ocho de cada diez reclamaciones, por lo que las actas levantadas ganan firmeza.
La CNMC impuso el año pasado castigos a las actividades más variopintas. La lista abarca, entre otros ejemplos espigados al azar, 6 elaboradores de turrones de marca blanca, por abuso de su posición dominante sobre el 58% del mercado; 5 sociedades de telecomunicaciones y otros ramos que emplearon números de SMS de forma ilícita para embolsarse el peculio de los clientes; y 2 distribuidoras de energía eléctrica por anomalías de orden técnico, más otras 6 por no disponer de líneas telefónicas gratuitas para atención a los usuarios.
El repertorio comprende asimismo, por pactos tarifarios y otras varias irregularidades, 23 cementeras y hormigoneras, 15 casas de mudanzas internacionales, 10 agencias de viajes, 7 concesionarios de los automóviles Chevrolet, otros 7 de Nissan, 4 talleres de equipos ferroviarios y, por último, el Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, en este caso por la curiosa particularidad de cobrar cuotas inicuas... a sus propios colegiados.
Forman legión los hombres de negocios que no aspiran en realidad a ejercer su cometido en régimen de sana competencia, por más que declaren lo contrario
A ese racimo de corporaciones se les aplicaron unos gravámenes que van desde unos pocos miles de euros hasta unos cuantos millones. El récord lo luce un cártel formado por 8 confeccionadores de pañales, a los que le cayó un apabullante correctivo de 128 millones.
La CNMC, en su misión de velar por la transparencia de los mercados, abrió en 2016 varios expedientes. Una vez tramitados, es probable que deriven en las correspondientes puniciones. Afectan, entre otros, a productores de gases medicinales y de cables eléctricos, una asociación de toreros, cinco grandes bancos nacionales y once firmas de servicios informáticos.
Los cárteles, esto es, los acuerdos espurios entre empresas para esquilmar a la clientela con cargos recrecidos, constituyen un cáncer de las economías modernas. Según la legislación española, las vulneraciones de tal naturaleza revisten la calificación de muy graves y pueden acarrear a los infractores unas multas de hasta el 10% de su cifra de giro.
Los cárteles económicos son casi tan antiguos como el capitalismo. Bien podría decirse que forma parte de su misma esencia. Su origen se pierde en la noche de los tiempos. A todo agente económico le asiste el derecho de pedir por sus bienes la contrapartida crematística que crea conveniente. En todo caso, las leyes inexorables de la oferta y la demanda acabarán por prevalecer. Y si el precio es excesivo, no tendrá más remedio que ajustarlo.
Lo que sí le está vedado es conchabarse con sus rivales, quebrantar la sana competencia y desvirtuar el mercado. No es de recibo que el objetivo manifiesto de semejantes ilicitudes resida en expoliar a los destinatarios de sus manufacturas o servicios, sean aquellos las administraciones públicas, otras industrias o el pueblo llano.
Forman legión los hombres de negocios que no aspiran en realidad a ejercer su cometido en régimen de sana competencia, por más que declaren lo contrario. Para ellos lo ideal sería controlar férreamente las transacciones, eliminar a los contrincantes, establecer las tarifas a su antojo y exprimir a los consumidores sin piedad.
Como dijo Gandhi, en la tierra hay suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no tanta como para satisfacer la codicia de algunos. Me temo que la CNMC tiene tela cortada para rato en su brega contra los depredadores y los avariciosos insaciables.