Nadie habla de lo que no quiere, aunque sea una ministra. Entonces, porque Dolors Montserrat, titular del Ministerio de Sanidad, dijo aquello tan bonito de “quien más tenga pague más” refiriéndose al copago de medicinas por parte de los pensionistas y luego rectificó de forma escandalosa siendo como es la responsable del asunto. ¿Sabía de lo que hablaba o no había hablado con quien debía haberlo hecho antes de soltar su intención de modificar el sistema de copago por parte de los jubilados, por otra parte, manifiestamente injusto?

A veces, los nuevos ministros tardan algún tiempo en asumir que su autoridad no se corresponde con el decreto de nombramiento y necesitan algún que otro choque con Moncloa o con el partido para tomar conciencia de ello. No se trata de la buena fe o del acierto de la medida, sino de la oportunidad de la misma, de la coyuntura política; y la situación del PP en el Congreso es delicada, con los presupuestos pendientes, el PSOE necesitado de pequeñas victorias con las que paliar la depresión del partido y Ciudadanos muy pendiente de cualquier ninguneo gubernamental.

Lo paradójico del caso de Dolors Montserrat es que tiene razón y a pesar de ello, por su pésima gestión de la palabra y del tiempo de las cosas, ha creado confusión, el peor enemigo del jubilado

Cuando la ministra dijo lo que dijo en Ràdio 4, con su habitual discurso atropellado, debía ser consciente de todo esto y de su propia posición dentro del Gobierno, extremo que la mayoría ignoramos, pero que no debe ser muy boyante dada su inmediata rectificación por todo lo alto. El pensionista es el ciudadano más frágil del sistema y el votante más fiel de los partidos que tienen la suerte de contar con este colectivo entre su electorado tradicional al que no se debe sobresaltar sin motivo. Por eso todos los políticos andan con pies de plomo cuando pisan este delicado ámbito; bueno, todas no. Lo paradójico del caso de Dolors Montserrat es que tiene razón y a pesar de ello, por su pésima gestión de la palabra y del tiempo de las cosas, ha creado confusión, el peor enemigo del jubilado.

El copago farmacéutico que les fue decretado en 2012 supone para la gran mayoría un gasto sobrevenido a su raquítica paga de 18.000 euros de media anual. Son solamente 96 euros al año como máximo, sin embargo, algunos estudios atribuyen a esta cantidad un porcentaje de abandono del tratamiento médico con riesgo evidente para su salud. Esta drástica reacción solo puede ser atribuida al nuevo papel del pensionista, pieza económica clave de la resistencia familiar en demasiadas casas. Esta crítica situación convive con jubilaciones doradas, que doblan y triplican el máximo de los 30.000 euros anuales de las pensiones públicas, seguramente merecidas y trabajadas, pero perfectamente capaces de afrontar un gasto farmacéutico superior a los actuales 216 euros al año. No puede ser tan difícil fijar una escala de contribución por franjas más ajustada a la justicia social que la vigente, comenzando por retornar a la gratuidad de los fármacos para aquellos ciudadanos que no superan el máximo de la paga pública. Fácil parece, oportuno parece que no.