Son tantos los desatinos y ensoñaciones de los separatistas que al final uno acaba perdiendo la cuenta. Empezamos el año como acabamos el 2016, con unas declaraciones del diputado portavoz de Demòcrates, Antoni Castellà, asegurando que “España será expulsada de la Unión Europea si impide por la fuerza la celebración del anunciado referéndum”. Sorprendente tanta contumacia cuando el Tribunal Constitucional alemán ha rechazado categóricamente la posibilidad de que los länder celebren referéndums de secesión a petición de un ciudadano de Baviera. Los medios independentistas catalanes han intentado primero silenciar la noticia y luego se han esforzado por desmentir cualquier paralelismo en un momento en el que quieren convencer a la opinión pública de que España es una anomalía democrática en Europa porque no permite votar la secesión. “Si en Baviera hubiera mayoría absoluta secesionista en su parlamento, al igual que ocurre en Cataluña, la respuesta en Alemania hubiera sido política, no meramente jurídica”, argumentan los intelectuales auxiliares del proceso. Carece de sentido enfrascarse en una discusión sobre un escenario que no se da, aunque no podemos olvidar que la pulsión secesionista en este histórico land va más allá del minoritario Partido de Baviera (Bayernpartei). Jurídicamente, por lo menos, los separatistas catalanes deberían admitir que la Constitución española es mucho más abierta que la alemana, pues en la citada resolución del tribunal de Karlsruhe se afirma que las aspiraciones secesionistas, cualesquiera que sean, no caben en el orden constitucional alemán. Fin de la discusión. En España, en cambio, el TC en 2014 admitió que la independencia es una aspiración política legítima factible mediante un proceso de reforma que no conoce límites.

En realidad, pese al constante lloriqueo soberanista, los poderes del Estado español están siendo extraordinariamente prudentes ante la palmaria deslealtad con la que actúa el Govern de la Generalitat

No está de más recordarle a Antoni Castellà que el famoso artículo 155 de nuestra Carta Magna fue directamente inspirado en la Ley Fundamental de Bonn, que habla de medidas coercitivas en el que caso de que algún land actúe en contra del interés general o no cumpla con sus obligaciones y deberes. En realidad, pese al constante lloriqueo soberanista, los poderes del Estado español están siendo extraordinariamente prudentes ante la palmaria deslealtad con la que actúa el Govern de la Generalitat por lo menos desde que en 2013 el entonces president Artur Mas envió una carta a las principales cancillerías europeas informándoles de que en noviembre del año siguiente iba a celebrarse una consulta de autodeterminación y pidiéndoles su apoyo. Solo con repasar la gravedad de lo sucedido desde entonces en la política catalana, produce hilaridad escuchar al portavoz de JxSí Jordi Turull denunciar las medidas “represivas” del Estado contra el proceso.

Pero si la situación en Baviera está lejos de parecerse a la catalana, en cambio, en el Véneto se dan más paralelismos. Allí gobierna la Lega Nord que hace bandera del “expolio fiscal” que sufre la región desde su página web oficial con un marcador que indica que cada año los venecianos regalan al Estado italiano unos 19.000 millones de euros. ¿Les suena? El presidente del Consiglio Regionale es Luca Zaia, que se alzó en 2010 con una victoria electoral apabullante del 60% de los votos. En junio del 2014, la cámara regional aprobó una ley para celebrar un referéndum consultivo con la siguiente pregunta: ¿Quiere que el Véneto sea una república independiente y soberana? La Corte constitucional italiana suspendió cautelarmente su convocatoria hasta que, en abril del 2015, emitió una sentencia en la que afirmaba que ninguna región puede celebrar un referéndum de secesión porque “es incompatible con los principios de unidad e indivisibilidad de la República”. Zaia apelaba a los mismos argumentos de “participación y legitimidad democrática” que utilizan por aquí JxSí y la CUP, pero al final tuvo que rectificar y ahora apuesta por mejorar la autonomía del Véneto, mientras alimenta el separatismo con una controvertida ley que declara a los venecianos “minoría nacional”. No en vano, su modelo de referencia es el nacionalismo catalán. El Constitucional italiano dejó meridianamente claro que la unidad de la República no puede ponerse en juego, e incluso afirmó que su indivisibilidad debe ser preservada en cualquier proceso de reforma ulterior. Así pues, cuando nuestros separatistas amenazan con que España acabará fuera de la Unión Europea si impide el referéndum, uno se pregunta a quién quieren engañar con esas fanfarronadas.