Una de las características de todo "movimiento nacional" es la voluntad de control sobre el conjunto de la sociedad, sus entidades, corporaciones, medios de comunicación, clubes deportivos, etc. También la de convertir sus símbolos partidistas en símbolos representativos de todos los ciudadanos.

En Cataluña hemos vivido con intensidad este fenómeno. Desde el editorial conjunto de la prensa de hace unos años, o la imposición de las banderas esteladas en lugares públicos, hasta el encuadramiento de todo tipo de entidades en "pactos nacionales" como el del denominado Derecho a decidir que ahora pretenden transmutar en Pacto nacional por el referéndum secesionista.

Esta anormalidad democrática está siendo frenada por la justicia. Primero fueron las sentencias sobre las esteladas. En un momento dado parecía "normal" que en ayuntamientos, edificios y lugares públicos ondearan sin cuestionamiento banderas no oficiales que representan a una determinada ideología. Ha sido la justicia la que ha puesto coto a esta anomalía democrática, como lo sería colgar la hoz y el martillo en los ayuntamientos gobernados por comunistas, el puño y la rosa si son socialistas, las gaviotas del PP o la bandera de Falange en un hipotético ayuntamiento gobernado por personas de esa ideología. No estamos ante una manifestación de libertad de expresión sino ante una imposición intimidatoria para el ciudadano disidente. En su casa cada uno es libre de colgar la bandera que quiera. En los lugares públicos de países democráticos sólo caben las oficiales.

Es significativo del deterioro de la democracia en Cataluña que el Colegio de Abogados no haya sido sensible a algo tan evidente

Esta semana hemos tenido otra buena noticia en la misma dirección: el TSJC ha declarado nula la adhesión del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) al Pacte pel Dret a Decidir. La sentencia ha sido demoledora. La adhesión de una corporación de afiliación obligatoria para quien quiere ejercer una profesión, en este caso la de la abogacía, a unos determinados postulados políticos atenta contra un derecho fundamental: el de libre asociación y expresión, y vulnera el derecho a la libertad ideológica.

Desde luego, es significativo del deterioro de la democracia en Cataluña que el Colegio de Abogados no haya sido sensible a algo tan evidente, o que, al menos, debería haberlo sido para cualquier jurista, más entre quienes son sus representantes profesionales. Pero ya sabemos que el nacionalismo, el nuestro y el de todas partes, no se caracteriza por la empatía ni la autocrítica.

La sentencia, junto a otras, tiene el valor de enseñarnos que la pretensión nacionalista de hacerse con el control de la justicia no puede, en ningún caso, ser objeto de negociación ahora que toca diálogo. En España la justicia tiene muchos defectos pero mantiene una razonable independencia. Para los ciudadanos de Cataluña que no comulgamos ni con el nacionalismo ni con el secesionismo es casi la única salvaguardia de nuestros derechos. Por eso debemos felicitarnos de esta sentencia y perseverar en acudir a los tribunales cuando se conculcan nuestros derechos individuales en nombre del derecho de los "pueblos", un eufemismo para justificar y legitimar el totalitarismo.