Las pensiones públicas no están en peligro, aunque así lo parece. Los dos principales motivos que inquietan a la población son el gran déficit anual de la Seguridad Social y el escaso fondo de reserva existente. El primero es principalmente consecuencia de unos ingresos anuales por cotizaciones sociales inferiores a los gastos en pensiones contributivas. La alarmante disminución del segundo tiene como base los elevados déficits observados desde 2012 hasta la actualidad.

En 2016, el desequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social será de aproximadamente 19.000 millones de euros (1,7% del PIB). Una cifra mucho más elevada que los 3.341 millones (0,3% del PIB) consignados en los Presupuestos del Estado, siendo ésta la enésima predicción ridícula del ministro Montoro. Dicho elevado déficit provocará que a finales de diciembre sólo queden en el Fondo de Reserva alrededor de 16.000 millones euros, después de extraer 9.500 millones de euros para sufragar la segunda paga extra del año. Un capital que, si no mejoran los ingresos por cotizaciones, permitiría pagar únicamente dos más (junio y diciembre de 2017).

Las pensiones públicas están aseguradas: los jubilados representan el 23,53% de los votantes, un porcentaje muy elevado para que ningún partido político se atreva a causarles un gran perjuicio

A pesar de ello, considero que las pensiones públicas están aseguradas. El motivo es muy sencillo: los jubilados representan el 23,53% de los votantes. Un porcentaje muy elevado para que ningún partido político se atreva a causarles un gran perjuicio. En plena crisis, ni Zapatero ni Rajoy se atrevieron a bajar las pensiones. El primero congeló la mayoría de ellas durante un año (2010) y el segundo decretó un aumento pírrico durante una gran parte de su primer mandato (un 0,25% anual entre 2014 y 2016).

A corto plazo, la solución probablemente consista en complementar los ingresos actuales con otros provenientes de impuestos. Así lo hacen algunos países europeos, entre los que destaca especialmente Francia, tanto por las características del tributo (Contribución Social Generalizada) como por su potencia recaudadora (más de 90.000 millones en 2013) y su carácter redistributivo. La Contribución es un impuesto directo que grava todas las rentas obtenidas por las personas residentes, incluidas los jubilados, pero no lo hace por igual. Así, recae en una medida significativamente superior sobre las procedentes de los rendimientos del capital y las ganancias patrimoniales que sobre las que provienen del trabajo y las actividades económicas.

A medio plazo, estoy convencido que se implantará la solución más utilizada en los países desarrollados: complementar la pensión pública con una privada obligatoria. Sin duda, las grandes beneficiadas serán las entidades financieras, quienes muy probablemente administren la mayoría. Las aportaciones a los planes de pensiones serán mensuales y se detraerán, en su totalidad o en la mayor parte, de los salarios de los trabajadores.

La suscripción obligatoria de un plan de pensión privada podría ser una solución o un problema añadido, siendo uno u otro aspecto si la regulación diseñada es abundante y estricta o escasa y laxa, respectivamente. En el primer caso, la normativa debería obligar a las gestoras a garantizar una rentabilidad mínima, siendo ésta significativamente superior a la correspondiente tasa de inflación.

A corto plazo, la solución será complementar los ingresos actuales con otros provenientes de impuestos; a medio plazo, complementar la pensión pública con una privada obligatoria

En el segundo, la libertad de actuación no sería de extrañar que fuera utilizada por los bancos para invertir los fondos aportados donde más les interesen a ellos, en lugar de donde más les convenga a los partícipes. La consecuencia podría ser una rentabilidad notablemente inferior a la esperada. Así ha sido en Chile, un país donde no existen pensiones contributivas públicas. Además, existirían bastantes posibilidades de que las gestoras cobraran comisiones elevadas por hacer tareas sencillas, haciéndolo tanto si la rentabilidad proporcionada es considerable, escasa o negativa. Un ejemplo de ello son las percibidas por algunos de los planes con más éxito comercial en España, ya sea en términos de patrimonio gestionado o número de partícipes.

En definitiva, las pensiones públicas no están en peligro en España, pero sí su poder adquisitivo. En concreto, desde la reforma realizada por el gobierno del PP en 2013. Una legislación que contiene dos novedades dirigidas a reducirlo a corto y medio plazo. La primera es el índice de revalorización, vigente desde 2014, que elimina la histórica actualización de las pensiones en el próximo ejercicio en base al IPC anual de noviembre del actual. La segunda es el factor de sostenibilidad que garantiza que la primera pensión que perciba un jubilado en 2019 será inferior a la que hubiera obtenido en 2018, si hubiera cumplido en dicho año la edad de jubilación.

Por tanto, el debate no debe ser si son viables o no las pensiones públicas, sino en cómo garantizar el mantenimiento, como mínimo, de su poder adquisitivo actual. Sin duda, el primer paso debe ser derogar la reforma de 2013. Una de las diversas que se hicieron en contra de los derechos de los ciudadanos españoles durante el período de crisis. En una etapa de recuperación como la actual, no hay ningún motivo para no revertirlas.