Los ideólogos del independentismo han conseguido imponer sus errores conceptuales, sus falsedades, sus manipulaciones del  lenguaje, de la historia, de los hechos, aprovechando la dejación crítica frente a ellos, tanto más grave porque en Cataluña disponen de una apabullante implantación en los medios públicos de comunicación de la Generalitat, en los privados afines y en las redes sociales, de manera que pueden difundir machaconamente sus eslóganes: desde el derecho a decidir --auténtica arma de destrucción masiva del sentido crítico--, el "España nos roba", el "Cataluña Estado de la Unión Europea", el "proceso", o el "mandato democrático", hasta el "derecho a desobedecer" o "la judialización de la política".

Se permiten afirmar sin una oposición crítica sólida que el hecho de que los Mossos d'Esquadra, actuando como policía judicial, lleven a la alcaldesa de Berga (CUP) ante el juez que la había requerido inútilmente para declarar es una "trampa del Estado". Apuntan implícitamente que el juez habría "obedecido" órdenes del Gobierno. Niegan la separación de poderes, se cargan así en su mundo conceptual el Estado de derecho.

Contraponen lo que ellos entienden por democracia a cumplimiento de las leyes, como si las leyes vigentes en España no emanaran de los poderes democráticos

Contraponen democracia --lo que ellos entienden por democracia-- a cumplimiento de las leyes, como si las leyes vigentes en España no emanaran de los poderes democráticos. Ninguna democracia puede existir sin el respeto al principio de legalidad. Lo que proponen es el reino de la arbitrariedad a la carta: "Esa ley, esa sentencia, me conviene, la cumplo, la acato; esa ley, esa sentencia, no me conviene (tal vez mañana sí), la incumplo, no la acato". Arbitrariedad ejercida o fomentada desde las instituciones de la Generalitat, con gran aparato propagandístico y vehiculando el mensaje de la desobediencia a la ciudadanía, preparándola para cometer el último dislate: propugnar la desobediencia civil.

Tienen el propósito aberrante de deslegitimar el pilar fundamental en democracia del poder judicial, ya sea el Tribunal Constitucional o los juzgados de primera instancia e instrucción. Lo proclamaron en sede parlamentaria con su resolución del 9 de noviembre de 2015, declarada inconstitucional y nula, pero que con intolerable contumacia siguen considerando aplicable.

Tienen la desfachatez de invocar con frecuencia --recientemente lo hizo Oriol Junqueras--, como ejemplo de desobediencia justificada a imitar, el caso de la afroamericana Rosa Parks, que en 1955 en la ciudad de Montgomery, en un autobús público, se negó a ceder el asiento a un blanco, como si Cataluña estuviera oprimida y segregada como lo estaba entonces la minoría negra en Estados Unidos.

En Cataluña se toleran, como en ninguna otra región del entorno europeo, verdaderos hachazos dialécticos o fácticos al Estado de derecho, sin prácticamente reacción crítica.

Acusan al Gobierno central --nueva muestra de negación de la separación de poderes-- de "judialización de la política". Juego perverso y sofístico: "Incumplo la ley, desacato requerimientos y sentencias judiciales, obligo a aplicar la ley y a ejecutar las sentencias, luego judializan la política". ¿A qué situación se llegaría si fiscales y jueces no cumplieran con sus funciones y no actuaran cuando se incumplen las leyes, cualquier ley, o se desacatan las sentencias, cualquier sentencia?

En Cataluña se ha caído en el "silencio de los consentidos". Se toleran, como en ninguna otra región del entorno europeo, verdaderos hachazos dialécticos o fácticos al Estado de derecho, sin prácticamente reacción crítica. La democracia en Cataluña está siendo degradada y, si no está en peligro de extinción, es porque la garantiza el por ellos denostado Estado español.