Los analistas del sector energético han saludado el nombramiento de Álvaro Nadal, hasta ahora director de la Oficina Económica de La Moncloa, como nuevo ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, con una impostada satisfacción, al señalar que el grueso de la reforma eléctrica ya está realizado (pilotada por su hermano) aunque quedan aspectos por regular.
Versión excesivamente plana por parte de un sector acostumbrado al perfil bajo y que, pese a las últimas modificaciones, cobra a los españoles una de las tarifas más caras por la electricidad y el gas que la mayoría de los países europeos, solo por detrás de Dinamarca, Alemania e Irlanda, según los datos de Eurostat.
Aunque los datos que se manejan sobre tarifas son todo menos claros, el Gobierno no parece tener en cuenta que la electricidad es un servicio indispensable, cuyo precio ha experimentado una subida vertiginosa en los últimos años, hasta posicionar a España como uno de los países con el suministro más caro de Europa. Las nuevas fórmulas de facturación eléctrica horaria, que funcionan desde hace relativamente poco para los usuarios con tarifa regulada, ofrecen posibilidades de ahorrar si el consumidor se adapta a ciertos horarios, aunque son fórmulas complejas a la vez que complicadas, ya que la parte del recibo que más se ha encarecido no depende del consumo, sino de peajes regulados.
El Gobierno no parece tener en cuenta que la electricidad es un servicio indispensable, cuyo precio ha experimentado una subida vertiginosa en los últimos años
Del mismo modo, aunque muchos de los precios ofrecidos en el mercado libre parezcan competitivos, muchos planes proponen descuentos a cambio que el usuario acepte contratar servicios adicionales --que tienen un coste separado-- o que modifique sus hábitos de consumo de manera importante.
De acuerdo con las organizaciones de consumidores, si no se incluyeran tasas y otros impuestos, el precio español de la electricidad sería el más alto de toda Europa, según el organismo estadístico, algo de lo que las eléctricas han venido culpando a las primas a las energías renovables. Unas primas cuya modificación estructural, por el último gobierno, han supuesto una lluvia de reclamaciones que asciende en estos momentos a 5.700 millones de euros repartidos en más de una treintena de pleitos. Hasta ahora, no había una cuantificación, ni siquiera aproximada, del conjunto de todos los frentes jurídicos ya que en la mayoría de los casos no es público. Hoy ya se conoce, por ejemplo, que RREEF Infrastructure cifra en 300 millones su inversión en España afectada por la reforma o que CSP Equity Investment reclama 60 millones desde 2013. El único pleito que se ha resuelto hasta el momento ha dado la razón al Gobierno.
Por lo que respecta a los precios del gas, España tiene también uno de los precios más altos y en concreto, las tarifas de España son las terceras más elevadas, solo por detrás de Suecia y Portugal.
Como en el caso de la electricidad, España tiene también uno de los precios de gas más altos de Europa, solo por detrás de Suecia y Portugal
Contrasta la postura española con la del Reino Unido, en donde Iberdrola se ha visto obligada a movilizarse contra "las amenazas" de la primera ministra, Theresa May, quien hace unas semanas calificó de "caras" e injustas las tarifas que las grandes compañías energéticas cobran a los británicos. Entre ellas, Scottish Power, propiedad de la multinacional española, a cuyo presidente, Ignacio Sánchez Galán, le faltaba tiempo para viajar a Londres para reunirse con los representantes del Gobierno conservador y saber a qué atenerse. No en vano Iberdrola obtiene cerca de un 30% de su beneficio operativo en el Reino Unido.
Además del asunto tarifario, el nuevo ministro se enfrenta con otros retos como el de relanzar, mediante las consabidas subastas, las energías renovables, algo que el anterior gobierno tenía planeado sacar a concurso, hasta un máximo de 4.000 MW con neutralidad tecnológica. Unos 1.000 MW se adjudicarían este año, y el resto, en 2017. Se mantendría el tipo de subasta con puja a la baja, como el utilizado en la que hubo a comienzos de año.
En enero de este año se realizó la primera subasta para asignar ayudas a las renovables por primera vez desde 2013 y se saldó con un resultado sorprendente: rebaja de las primas al 100%. Es decir, el adjudicatario se comprometió a no cobrar más dinero que el ofrecido por el mercado mayorista. Entendemos que esa circunstancia no se volverá a repetir, dado que para producir y vender sin prima, a precio de mercado, hay libertad total y no es necesario acudir a la subasta.
Además del asunto tarifario, el nuevo ministro se enfrenta con otros retos como el de relanzar, mediante las consabidas subastas, las energías renovables
El nuevo empuje a las renovables por parte del Gobierno se efectúa para asegurar el cumplimiento de la pauta de la UE, que ha fijado un objetivo del 20% de renovables sobre el consumo total de energía del país en 2020. Los estudios publicados apuntan a que España está bien posicionada en relación a otros países europeos, ya que en 2015 se generaron 92.897 GWh de energía renovable, el 37% del total.
A partir de ahí, un conjunto de asignaturas pendientes en el caso de que el Gobierno quiera gozar del apoyo de la oposición (Ciudadanos y PSOE) como puede ser el espinoso asunto del autoconsumo y medidas energéticas a implementar si España quiere ser respetuoso con los acuerdos de París sobre el cambio climático.