Cuando parecía que la flamante start up europea BlaBlaCar que está revolucionando el transporte por carretera compartido se iba salir de rositas del contraataque regulatorio, ¡zasca¡, la Comunidad de Madrid le ha sancionado por operar "un servicio de transporte de viajeros" sin la licencia de turno. Ya lo saben, señorías, licencias "para todo", que no "para todos". Digo que pensaban que se libraban, porque incluso la Comisión Europea había elaborado una comunicación (a modo de recomendaciones para los legisladores) en la que diferenciaba los servicios de prestadores como Uber de los de BlaBlaCar, a los cuales parecía bendecir de forma especial. Porque BlaBlaCar, más que un servicio de transporte o taxi (lo que sería Uber), es una aplicación que ayuda a los conductores a compartir los gastos de trayectos con otros usuarios de la aplicación. Es decir, no era exactamente un negocio para la persona que lo prestaba, sino una forma de ahorro, aunque el prestador (BlaBlaCar) se llevase una comisión para ir tirando y mantener la plataforma. 

Por otro lado, en Barcelona sigue la escalada del conflicto que enfrenta al ayuntamiento y las webs o aplicaciones de alquileres de pisos por días, como Airbnb o Homeaway. Ada Colau se ha dado cuenta de que aproximadamente más de la mitad de la oferta que aparece en internet no cuenta con la exigida licencia de apartamento turístico. Las amenazas a Airbnb para que coopere y ofrezca el listado de propietarios que alquilan sin licencia han ido in crescendo hasta anunciarse sanciones de 600.000 euros.

De acuerdo con la Comisión Europea, este tipo de servicios de economía colaborativa son una oportunidad para todos

Uber, BlaBaCar o Airbnb, con sus diferencias, son servicios de la denominada economía colaborativa. Servicios que nacen de la tecnología y que conectan de una forma muy eficiente la oferta y la demanda. La eficiencia se deriva de la facilidad y rapidez en la contratación, de una oferta más ajustada y flexible para los consumidores, de contenidos e información actualizados y generados por otros usuarios y, sobre todo, de un sistema de evaluación reciproco entre prestador y usuario que genera confianza y que es, a la postre, el pilar de este tipo de negocios.

Son servicos prestados normalmente de particular a particular, siendo el prestador tecnológico un intermediario que facilita la tecnología para contactar, informarse, negociar y hasta evaluar el servicio. De acuerdo con la propia Comisión, este tipo de servicios son una oportunidad para todos; particulares que rentabilizan un bien o servicio que no utilizaban, usuarios que disponen de mayor oferta, cualitativa y cuantivamente, y más ajustada a sus preferencias, e incluso para Hacienda, ya que nuevas actividades representan más ingresos tributables. Quizá el adjetivo de "colaborativa" no sea el más adecuado, ya que más que colaborar (altruistamente) se rentabiliza un bien. Tal vez economía del acceso o de la disponibilidad sea una denominación más ajustada.

Quizá el adjetivo de "colaborativa" no sea el más adecuado, ya que más que colaborar (altruistamente) se rentabiliza un bien. Tal vez economía del acceso o de la disponibilidad sea una denominación más ajustada

Entonces, dónde está el problema. En primer lugar, existe y va existir una fuerte resistencia de los operadores (gremios) que se benefician de un mercado cerrado (en el que solo se opera con licencia administrativa; ya sea taxi u hotel). Hasta ahí previsible, no quieren más competencia y ejercerán presión lobista. Pero lo que más sorprende es que sean las propias administraciones públicas las que ya no solo protejan los intereses de los operadores ya establecidos para frenar la competencia, sino en que insisten en poner trabas administrativas de díficil justificación a nuevos operadores, justo todo lo contario de lo que recomienda la Comisión Europea.

Guste o no, me temo que la economía colaborativa es un fenómeno imparable. Y lo es porque aporta eficiencia al mercado y satisface, en algunos casos mucho mejor, las necesidades de los usuarios que los operadores tradicionales. Eso es una fuerza económica imparable. Por eso me temo que del "no es no" de las administraciones se tendrá que llegar a algún tipo de abstención. A permitirla y a regularla de forma ordenada, con las debidas garantías de calidad y seguridad, pero a abrir, en definitiva, el mercado a cualquier particular o empresa que quiere operar en esos sectores. Porque al fin y al cabo, repito, son oportunidades, trabajo, riqueza e impuestos que estamos perdiendo todos. Una regulación razonable y sensata que podría incluir seguros adecuados al servicio, regulación laboral específica (sin permitir abusos ni precariedad), experiencia mínima, formación obligatoria, sistema de denuncias y multas, etc. Exigencias sensatas pero abiertas y que no supongan barreras injustificadas de entrada.

Sorprende que las administraciones públicas insistan en poner trabas administrativas de díficil justificación a nuevos operadores

Por otro lado, Hacienda a descubierto el filón de la economía colaborativa, y de hecho lleva un tiempo poniendo el foco en los propietarios (Airbnb) que alquilan sus casas y no declaran tales rendimientos. Es más, son las propias empresas titulares de las aplicaciones las que informan directamente a Hacienda de los ingresos que reciben los usuarios de su aplicación. En esto los prestadores lo tienen claro, es mejor colaborar con Hacienda.

Por lo tanto, ¿qué resistencia mueve a las administraciones públicas a poner trabas para que otros profesionales o particulares participen en el mercado? ¿Por qué torpedean nuevas fuentes de riqueza y empleo? No se me ocurre otra conclusión que la del miedo, un miedo a no controlar los mercados y la economía. Un miedo a perder cuota de poder y dejar de ejercer un poder controlador de la actividad económica. Por otro lado, si se legalizase la actividad de Uber o Airbnb (hasta ahora casi monopolísticos), otros operadores accederían al mercado, con lo que redundaría en mayor beneficio para los consumidores.

Resumiendo, es la hora de ser valientes, no están los tiempos como para renunciar a nuevas formas de riqueza y empleo. Por eso, señorías, abran los mercados, impongan unos requisitos de actividad razonables, y dejen que la gente utilice y rentabilice sus bienes como lo deseen y que los usuarios los disfruten. Por lo menos hagan la prueba y no pongan la venda antes que la herida.