Esta pasada semana asistí al último debate del ciclo Escolta Espanya - Escucha Cataluña, organizado por la Fundación Ortega-Marañon. Los ponentes para la ocasión fueron, entre otros, Enric Juliana (La Vanguardia), Lluís Bassets (El País), Esther Vera (Ara) y Joaquim Coll (Sociedad Civil Catalana).
No voy a resumir el contenido de las intervenciones, sino a centrarme en comentar algunas aportaciones de los ponentes. Juliana centró el discurso en glosar el papel de [Josep] Tarradellas. Destacó que el ex President trajo la “Nación catalana” en su equipaje, en referencia a la recuperación de la legitimidad histórica de la Generalitat. Y lo hizo alabando su realismo y moderación y destacando que su retorno permitió la puesta de las bases para frenar la hegemonía de la izquierda, que había ganado muy ampliamente las generales de 1977, lo que acabó favoreciendo el triunfo de Jordi Pujol en las autonómicas de 1980.
Los no independentistas sólo podemos apelar a que España funcione lo mejor posible, que no se permita que en Cataluña el Estado de derecho sea conculcado cotidianamente y tratar de desmontar un relato basado en mentiras
Coincido plenamente con el análisis de Enric Juliana, pero no con la “bondad histórica” de la figura. Al margen de sus intenciones y de su pragmatismo, es evidente que si el PSC-PSOE hubiera encabezado la Generalitat Provisional las elecciones autonómicas de 1980 hubieran tenido un resultado distinto. Ceder la legitimidad democrática, que debió dar la Presidencia de la Generalitat Provisional a Joan Reventós, en aras de la “continuidad de la Institución” fue un acto de nacionalismo por parte del PSC demostrativo de que sus complejos y ambigüedades vienen de lejos. Si Pujol hubiera ganado los comicios de 1977, jamás hubiera cedido la presidencia de la Generalitat Provisional. La vuelta de Tarradellas fue, por tanto, determinante para que Pujol se consolidara en el poder e impusiera la hegemonía política del nacionalismo, ahora independentismo, en Cataluña.
De la intervención de Lluís Bassets destacaría que, a la vez que pidió un mayor reconocimiento de la lengua catalana a nivel estatal, admitió que el castellano debe también mejorar su presencia institucional y escolar en Cataluña. Criticó el alineamiento acrítico de los medios públicos y algunos privados con las respectivas tesis gubernamentales y se mostró a favor de los argumentos de Miquel Iceta respecto a la defensa de la vía canadiense, ley de claridad, en caso de que una futura reforma de carácter federal fracase en Cataluña.
A este respecto, la cuestión que queda en el alero es si para ello se requiere la simplificación de las mayorías con el objetivo de impulsar una reforma constitucional imprescindible para esta proposición. No creo que haya razones para ello. El planteamiento plurinacional y la vía del referéndum ha sido defendida por Podemos y, como dijo Juliana, no le ha perjudicado, al menos aparentemente. Si estos planteamientos consiguen las mayorías cualificadas necesarias no hay nada que objetar desde una perspectiva legal y democrática. Cambiar las mayorías para facilitar una consulta popular me parece fuera de lugar.
Esther Vera, por su parte, defendió sin fisuras el procés. Un representante de Junts pel Sí no hubiera sido más ortodoxo. Lo inexplicable es que, después de negar cualquier vía que no sea el referéndum se pretenda que el Gobierno central y los no independentistas permanezcan no sólo inactivos en la defensa de sus posturas, sino facilitando la secesión, mirando hacia otro lado cuando se incumplen leyes y sentencias y se organiza la vía unilateral. La tesis oficial de que con dos horas a la semana de castellano se respetan los derechos de quienes tienen el castellano como lengua materna, y que los catalanohablantes tienen el mismo nivel de castellano que el resto de españoles es sólo sostenible desde la propaganda y las nulas ganas del Gobierno central y de algún partido constitucionalista de hurgar en la cuestión, al menos sobre el papel.
No hay que descartar que las amenazas de una vía de hecho unilateral ponga a prueba la paz social y el buen funcionamiento del Estado de derecho
Por último, Joaquim Coll, citando unas palabras de José Antonio Ardanza referidas al caso vasco, dijo que el problema catalán es un problema entre catalanes. Que en la Cataluña de hoy, la calidad democrática de las instituciones es peor que en el resto de España y reivindicó que los catalanes no secesionistas no sean ignorados o tratados como moneda de cambio en la búsqueda de apoyos políticos en el Congreso por parte de los partidos constitucionalistas.
En definitiva, interesante escuchar las posturas, pero ninguna solución mágica. La razón es simple: no existe. Los independentistas seguirán a lo suyo. Los no independentistas sólo podemos apelar a que España funcione lo mejor posible, que no se permita que en Cataluña el Estado de derecho sea conculcado cotidianamente y tratar de desmontar un relato basado en mentiras, en medias verdades y en el aprovechamiento del malestar que produce la globalización en amplios sectores de la población. El Brexit ayuda a esta labor didáctica. Pero en todo caso tenemos tema para muchos años, y no hay que descartar que las amenazas de una vía de hecho unilateral ponga a prueba la paz social y el buen funcionamiento del Estado de derecho. Espero que no ocurra, pero hay que permanecer atentos para evitarlo o minimizar su coste si se produce, en bien del conjunto de los catalanes y de todos los españoles.