La marcha del ministro Soria ha puesto de manifiesto el caos, posiblemente voluntario, en que el político canario ha dejado sumido al sector eléctrico. Ello tiene su reflejo en el hecho, tan cierto como contradictorio, de que mientras, según la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC), los precios regulados han disminuido casi un 16%, en lo que va de año, con respecto a 2015, una sentencia del Tribunal Supremo de noviembre del pasado año va a suponer un incremento en el recibo de la luz. Esta sentencia obliga al gobierno a revisar al alza el margen de comercialización a los cerca de 13 millones de consumidores acogidos al PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) antes TUR (Tarifa de Último Recurso) y a que lo haga de manera retroactiva desde el momento de su implantación (abril de 2014) por una cuestión sorprendente: "La falta de metodología para determinar tanto los costes de comercialización como la remuneración razonable que pudiera proceder".
La tendencia histórica apunta a que cada vez son más elevados los peajes y los impuestos sobre la tarifa que pagan los consumidores, mientras que los márgenes para las eléctricas son cada vez más altos
El gobierno tenía de plazo hasta el 30 de junio para aprobar el nuevo modelo de retribución y ha apurado hasta el máximo para salvar el escollo de anunciarlo en plena campaña electoral.
Según informaciones publicadas por algún periódico económico, el ejecutivo reconoce un impacto de más de 26,11 millones de euros en los ingresos de las comercializadoras de referencia de electricidad por la regularización del margen de comercialización en los últimos tres años, estimando un impacto de 4,48 millones de euros por la regularización de los ingresos en 2014; de 12,71 millones en 2015, y de 8,91 millones en 2016. Así, el impacto en la facturación PVPC vigente será de un 0,08% más para 2014; de un 0,23% para 2015 y del 0,17% para el presente año.
Con este marrón entre las manos, se estima que el margen de comercialización debería subir al menos a 5,24 euros por kW/año contratado, lo que viene a representar una subida del entorno del 3% en el recibo final.
En 2014, según datos de Eurostat, el precio que pagaban los consumidores domésticos en España, por un consumo inferior a 1.000 KWh era de 0,466 euros por KWh, mientras que en Francia era de 0,291 euros, en Italia de 0,291 y en Reino Unido de 0,250.
Pese a la bajada de 2016, el recibo de la luz subió un 5,3% en 2015, aunque el ministro Soria aseguró que iba a bajar un 7,5%.
Así las cosas, la conclusión fácil, una vez analizado desde todos los ángulos el recibo de la luz, terminología que no gusta a los expertos del sector, es que la tendencia histórica apunta a que cada vez son más elevados los peajes y los impuestos sobre la tarifa que pagan los consumidores, mientras que los márgenes para las eléctricas son cada vez más altos. Así queda patente, al menos, en el informe de la CNMV que constata que entre 2011 y 2015, el peso relativo de los peajes ha aumentado del 40% al 43%, mientras que los impuestos ha pasado del 19% al 21%, aunque el coste en sí de la energía en la factura es cada vez es más bajo y ha pasado del 40% al 35% en estos años.
El mismo informe pone de relieve que mientras las cinco grandes eléctricas han reducido su cuota de comercialización en el mercado libre, del 80% en 2013 al 77% en 2014, los márgenes brutos aplicados por las comercializadoras de electricidad a los consumidores domésticos se han incrementado un 30% con la sustitución de la TUR por el PVPC.