Están a punto de sentarse en el banquillo de los acusados Jesús Bárcenas y Jesús Terciado, sucesivos gerifaltes de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) entre 2002 y 2014.

Un juzgado de Madrid les achaca delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad y societario. Sostiene que ambos se embolsaron 1,4 millones de euros extraídos de las arcas de dicha patronal de forma subrepticia y con vulneración de sus estatutos.

La justicia sostiene que Bárcenas y Terciado se embolsaron 1,4 millones de euros extraídos de las arcas de Cepyme de forma subrepticia y con vulneración de sus estatutos

Bárcenas se adjudicó ante sí y por sí una copiosa retribución directa, más otra en especie por el uso de un Mercedes de alquiler, más una tercera por gastos de representación ilícitos.

Su sucesor Jesús Terciado tampoco fue manco. No sólo siguió cobrando con todo descaro. Es que, además, lo hizo mediante facturas falsas, giradas por varias firmas de su propiedad, por supuestos trabajos de consultoría.

Con similar desenvoltura cargó a Cepyme comilonas y otros dispendios personales. Cuando tanta acumulación de desafueros empezaba a despedir un hedor insoportable, Terciado tomó una decisión heroica. Se autoconcedió un contrato de alta dirección, al estilo de los multimillonarios ejecutivos del Ibex, y pelillos a la mar.

Los escandalosos abusos mentados llueven sobre mojado. Son una muestra más de la retahíla de tropelías cometidas en las cúpulas de las organizaciones empresariales.

Me refiero al estupefaciente episodio que la CEOE vivió con Gerardo Díaz Ferrán de cabecilla, en 2007-2010. Parece increíble que individuo de tal catadura lograse trepar a la cúspide de la más poderosa patronal española. Se lo sacaron de encima cuando su tinglado mercantil estaba embargado y quebrado. Dos años después, ingresó en la cárcel, de donde ya no ha salido más.

Primero se le condenó a 2 años y 2 meses de cárcel por un viejo fraude de 99 millones de euros en el impuesto de sociedades, derivado de la compra de Aerolíneas Argentinas.

Luego le cayeron otros 5 años y medio por los delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en grupo criminal, en el saqueo y vaciamiento patrimonial del grupo Marsans. Por último, se le impusieron 2 años por desmanes de esa misma compañía en la venta de pasajes aéreos.

Sus cuitas procesales no terminan aquí. Está investigado (o sea, imputado) en los sumarios por la venta de participaciones preferentes de Caja Madrid-Bankia y por el uso de las tarjetas “black” de esa entidad.

Excesos a porrillo

Otro preboste de CEOE, Arturo Fernández, titular de una red de restaurantes, y casualmente cuñado de Díaz Ferrán, fue vocal del supremo órgano de gobierno de Bankia. En calidad de tal está metido hasta las cejas en la causa por la fraudulenta salida a bolsa del banco. También se aprovechó de su Visa opaca. Con ella satisfizo, en el colmo de la desfachatez, innumerables banquetes degustados en los establecimientos de su propia cadena.

En Cataluña es muy reciente el destape de las irregularidades perpetradas por Miquel Àngel Fraile, que ejerció de secretario general de la Confederación del Comercio durante más de 30 años. Esta entidad, que sobrevive gracias a las subvenciones públicas, se encuentra sumida en la ruina.

Carles Vilarrubí está imputado desde 2015 en la Audiencia Nacional por sus múltiples trapicheos con Júnior y sus turbios negocios durante el inacabable mandato del patriarca Pujol

Fraile se fijó un módico sueldo de 115.000 euros. No contento con ello, tuvo la jeta de colocar en nómina como "jefa de formación", remunerada con 130.000 euros, a una tal Rosa María Serrano, que resulta ser su santa esposa. El rostro de la pareja semeja de hormigón armado.

Sin salir de nuestros andurriales, por aquí tenemos otro caso de singular desenvoltura. Lo protagoniza Carles Vilarrubí, imputado desde 2015 en la Audiencia Nacional por sus múltiples trapicheos con Jordi Pujol Ferrusola y sus turbios negocios durante el inacabable mandato del patriarca Jordi Pujol Soley. Vilarrubí es uno de los más conspicuos comisionistas del sector negocios de CiU. Ha manejado sociedades y ha movido fondos ocultos en paraísos fiscales como Andorra y Panamá.

Es a la vez vicepresidente del banco de inversiones Rothschild España y del Fútbol Club Barcelona, amén de miembro del consejo de Fira de Barcelona. Rothschild y el Barça son entidades privadas. Así que allá se las compongan sus jerarcas con el daño a su prestigio que supone albergar en sus centros de mando a personaje tan poco recomendable como Vilarrubí.

Pero la Fira es eminentemente pública, dado que sus principales accionistas son la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. ¿Cómo es posible que la Fira no lo haya destituido todavía?