Un juez de Sevilla decidía la pasada semana procesar a los dos últimos presidentes de la Junta de Andalucía, Chaves y Griñán, por un presunto delito continuado de prevaricación al que se añade, en el caso del segundo, un delito continuado de malversación de caudales públicos. El auto de juez llevará al banquillo, además, a otros 24 exaltos cargos del Gobierno andaluz.

Se hace difícil la existencia de estadísticas fiables sobre el volumen actual de las subvenciones, que en demasiadas ocasiones tienen un marcado carácter electoralista

Lo que está en litigio es el buen o mal uso de los casi 3.000 millones destinados a  formación en Andalucía, vía subvención, durante la década que va de 2002 a 2012.

El asunto que se va a juzgar en la capital andaluza podría convertirse en una causa general sobre un sistema que utiliza, quizás en demasía, las subvenciones como mecanismos de apoyo a un sinfín de actividades que las administraciones públicas delegan en terceros y sobre los que ejerce un control, en ocasiones demasiado laxo. Y en ese cajón, entran desde las ayudas al cine español a las energías renovables, sin olvidarnos de los cursos de formación y actualización de conocimientos al que parece que puede acceder cualquier mindundi que, con posterioridad, se las ve y se las desea para conseguir el número de alumnos imprescindible. Y todo ello, sin contar con el reparto de millones que gestiona el gobierno como ayuda al desarrollo y del que se desconoce su grado de eficacia.

Como prueba fehaciente de la importancia y trascendencia que han alcanzado las subvenciones en España, ahí está la Ley General de Subvenciones de 2003 y no es para menos, en tanto en cuanto, la  subvención consiste en la entrega de una cantidad de dinero por la administración, a un particular, sin obligación de reembolsarlo, para que realice cierta actividad que se considera de interés público.

Y  ahí, en la propia definición, reside el origen de los conflictos, ya que hay que determinar qué se considera de interés público y quiénes están capacitados para ejercer y desarrollar las funciones que la propia ley aborda.

En su exposición de motivos, se pone de manifiesto que una "parte importante de la actividad financiera del sector público se canaliza a través de subvenciones, con el objeto de dar respuesta, con medidas de apoyo financiero, a demandas sociales y económicas de personas y entidades públicas o privadas".

El texto legislativo continúa poniendo de manifiesto que desde la perspectiva económica, las subvenciones son una modalidad importante de gasto público y que deben ajustarse a las directrices de la política presupuestaria.

Difícil que una ley sobre subvenciones y su posterior desarrollo abarque la infinidad de asuntos que pueden ser subvencionados y cuyas concesiones, se quiera o no, dependen de la aleatoriedad del gobierno de turno, con el denominador común de que la tendencia natural de la subvención, una vez concedida, es a perpetuarse, lo que hace difícil la existencia de estadísticas fiables sobre el volumen actual de las subvenciones que al día de hoy se distribuyen y que en demasiadas ocasiones tienen un marcado carácter político y, consecuentemente, electoralista.

Al final, la percepción que se tiene es que España, es un país subvencionado y que el que no recibe una ayuda vía presupuestos generales no es nadie

Solo así cabe entender que el abanico de subvenciones sea tan amplio como variado y su complejidad aumenta en la medida en que pueden ser concedidas tanto por la administración central como por la autonómica y la local.

A título meramente orientativo y dejando claro que un sinfín de subvenciones buscan y tienen objetivos que se ajustan a directrices y normas razonables, la lista de subvenciones de carácter heterodoxo es extensa y en ocasiones propicia la chanza y la broma, máxime cuando el oscurantismo es un elemento predominante en la política de subvenciones. Caso paradigmático, entre otros, fue el puñado de millones de euros que el Estado central concedió para la creación del Basque Culinary Center.

Nadie tiene que poner en duda las poderosas razones que se supone hay detrás de cada subvención concedida, aunque quizá no sean los momentos de crisis los más apropiados para dedicar fondos al estudio del comportamiento reproductivo del lenguado senegalés, por mucho que nuestra dieta dependa de dicho pescado, o que entre las subvenciones menores que se concedan se encuentren otras sobre la conservación de la gallina valenciana de Chulilla, la elaboración de snacks de nueva generación con compuestos bioactivos de algas y garrofín, o el bienestar y salud de las conejas reproductoras, la construcción de puentes transportables o la impresión de fotos desde el móvil en un instante.

La lectura y seguimiento de las subvenciones concedidas a través de los boletines oficiales del estado, las autonomías y los ayuntamientos, se puede convertir en una labor apasionante y para ello se hace imprescindible el seguimiento de @Absolutexe, en donde se puede encontrar todo tipos de subvenciones. Así nos enteramos, por ejemplo, qué empresas reciben cerca de 18 millones de euros para "Mentoring en comercio electrónico" o qué establecimientos hoteleros se reparten los 3,7 millones de euros para la mejora de conectividad inalámbrica en hoteles.

Al final, como señalaba un analista internacional, la percepción que se tiene es que España, es un país subvencionado y que el que no recibe una ayuda vía presupuestos generales no es nadie.

De todo eso se hablara en el juicio que va a sentar en el banquillo a Chaves, Griñan y 24 antiguos altos cargos de la Junta de Andalucía.