Una de las cuestiones de fondo que más preocupa la ciudadanía, en especial cuando se ha superado la frontera de los 50 años, es el sistema público de pensiones. Y es que las pensiones, junto con la sanidad y la educación son tres pilares básicos del Estado del bienestar. De hecho, estos tres ejes vertebradores son los signos de identidad de la izquierda en general y de la socialdemocracia en particular.

Pues bien, a pesar de que España se incorporó más tarde que la mayoría de países europeos al proceso de desarrollo histórico del Estado social, se ha llevado a cabo un gran esfuerzo en los últimos 30 años para ganar el terreno perdido en el ámbito de las políticas sociales.

Las arcas de la Seguridad Social se están quedando vacías, las cotizaciones cada vez son más bajas, por tanto, sólo cabe buscar nuevas vías de financiación

En este contexto, el sistema español de pensiones, después de tres décadas de reformas y adaptaciones permanentes, ha ido elevando su capacidad de cobertura y ha llegado a dar cobijo a más de 9 millones de pensionistas. Pero, con la llegada del PP y haciendo valer su mayoría absoluta al Congreso de los Diputados, el Gobierno puso en marcha una contrarreforma que ha hecho que nuestro sistema sufra los cambios más trascendentales llevados a cabo, en esta materia, hasta el momento y, desgraciadamente, no para mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios. 

Muchos lo advirtieron, pero no sirvió de nada: la mal llamada reforma de las pensiones del actual Gobierno, fue una auténtica chapuza. Los números hablan por sí solos. Cuando Mariano Rajoy llegó a la Moncloa encontró 70.000 millones de euros en la hucha de las pensiones, ahora la cifra anda sobre los 30.000 millones; de seguir a ese ritmo, queda poco más un año de hucha. La pregunta es obvia ¿Y después qué?

A pocas semanas de unas nuevas elecciones, el PSOE ha querido poner el tema sobre la mesa, de ahí que su responsable económico, Jordi Sevilla, haya dicho: "O impuestos, o recortes. No hay más alternativa".  Es decir, propone crear una tasa sobre impuestos ya existentes para sufragar parte de las pensiones. Y lo plantea de ese modo porque los impuestos no pueden ser finalistas. Y añade: "Las pensiones no deben vincularse exclusivamente a la población activa sino a la riqueza general del país".

No le falta razón al líder socialista. Las arcas de la Seguridad Social se están quedando vacías, los salarios cada vez son más precarios y eso es sinónimo de cotizaciones más bajas, además la población cada vez tiene una mayor esperanza de vida, lo que equivale a más tiempo para cobrar la pensión, por tanto, sólo cabe buscar nuevas vías de financiación.

Lamentablemente, todos los indicadores económicos nos dicen que nuestra economía será incapaz de generar puestos de trabajo suficientes para que las cotizaciones que se generen cubran las necesidades creadas. Casi la totalidad de las previsiones augura, en el mejor de los casos, un ritmo tibio de crecimiento económico en los próximos años. Incluso con una clara recuperación de la actividad, la creación de puestos de trabajo no será suficiente para absorber el destrozo hecho en los años de crisis financiera. Se da por hecho que una parte del paro es estructural, prácticamente imposible de eliminar, aunque el PIB crezca, incluso, muy por encima de lo previsto.

Estas son algunas de las consecuencias de la aplicación de las políticas neoliberales por los gobiernos estatales, siguiendo las directrices de la Unión Europea

En cualquier caso, conviene aclarar que si hemos llegado a esta situación es por nuestro modelo de desarrollo, con una economía de poco valor añadido y donde los salarios cada vez tienen menos peso en el conjunto de las rentas. De hecho, estas son algunas de las consecuencias de la aplicación de las políticas neoliberales por los gobiernos estatales, siguiendo las directrices de la Unión Europea.

De todos modos, no podemos perder de vista que los servicios sociales --y las pensiones públicas de jubilación pertenecen a ese ámbito-- ni pueden estar sometidos a la lucha política, ni deben ser una mercancía a disposición de aquellos que la puedan comprar, y tampoco son una asistencia social y en ningún caso una caridad para aquellos con menos recursos. Los servicios sociales son derechos ciudadanos y tienen que ser universales, disponibles e iguales para todos.

Llegados a este punto, conviene no olvidar dos cuestiones, no menores: una, que es urgente la asimilación de todos los regímenes especiales al régimen general; y dos, se deben aumentar de forma sustancial las pensiones de viudedad durante el tiempo que exista este tipo de prestación.

Sea como fuere, es evidente que nuestro sistema de pensiones públicas necesita reformas en profundidad, y esas reformas deben estar orientadas por los principios internacionales que establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que son: "Universalidad, trato igual, solidaridad social, equidad de género, suficiencia de prestaciones, regulación y supervisión públicas, gastos administrativos moderados, participación social en la gestión y sostenibildad financiera a largo plazo para garantizar las pensiones futuras".

Visto lo visto, la reforma de las pensiones es necesaria y, en consecuencia, debe hacerse orientada a que sea la sociedad en su conjunto, y no sólo la clase trabajadora, la que mantenga a la población dependiente.

En definitiva, ahora nos toca a todos arrimar el hombro.