Recientemente la Comisión Europea, presidida por Jean-Claude Juncker, ha apercibido al Gobierno español para que cumpla los límites del déficit establecido por la propia Unión Europea. De momento, la sanción que tenía prevista para las arcas españolas, ascendía a la nada desdeñable cifra de 2.000 millones de euros. No deja de ser curioso este sistema establecido por los dirigentes de Bruselas por el que al Estado incumplidor en asuntos económicos se le pretende sancionar con estas multas que, dado su astronómico volumen, lo único que pueden conseguir es debilitar todavía más su tesorería para que siga incumpliendo.
El Gobierno de España ha reducido considerablemente las cuantías del gasto público, pero la sangría de dinero público despilfarrado se produce en las CCAA
El Gobierno español, en un ejercicio de responsabilidad, se ha comprometido mediante una carta firmada por el presidente en funciones, Mariano Rajoy, a iniciar una serie de recortes a partir del mes de julio, en el supuesto de que en esas fechas el Gobierno del Partido Popular ostente el poder.
La economía española está lastrada por dos problemas sistémicos: un desempleo que ha descendido los últimos años pero que todavía presenta niveles inaceptables, y un gasto público que genera el déficit del sistema financiero español. Habiéndose igualado durante el mes de marzo el Producto Interior Bruto (PIB) con la cifra de un billón de euros que adeuda el Estado español.
El Gobierno de España dentro de los límites de sus competencias, hace ya unos años, ha reducido considerablemente las cuantías del gasto público. Pero la sangría de dinero público despilfarrado se produce en las CCAA, que son incapaces, muchas de ellas, de contener el gasto de sus administraciones.
El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha pedido a los presidente autonómicos que hagan un esfuerzo en contener el gasto público, y algunos presidentes, especialmente los de Cataluña, Andalucía, Castilla y León y Castilla-La Mancha, se han negado a ello, con expresiones como que "los andaluces, castellanos, etc. no pueden apresarse el más el cinturón".
Cuando el Ministro de Hacienda solicita, en realidad, está ordenando. Pero sus misivas chocan con unos señores de la guerra que se niegan a cumplir. Señores porque actúan como tales, ya que con nuestro sistema autonómico las CCAA se han convertido en una especie de microestados, y de la guerra porque da la sensación --especialmente en el caso de Cataluña-- de que quieren mantener una pugna constante con el Estado español.
Señores presidentes o señores de la guerra: ¿Por qué no intentan desprenderse --o por lo menos bajar los holgados sueldos-- de una parte de sus altos cargos, políticos y asesores, que son legión y que tienen debidamente colocados en sus ámbitos autonómicos?
Quizá antes de que sus ciudadanos se tengan que apretar el cinturón, ustedes y sus correligionarios podrían hacer lo propio. Si quieren, sigan siendo ustedes señores, pero dejen de hacer la guerra. O, por lo menos, para proteger a sus ciudadanos, compórtense como señores.