La ANC aplaude la lengua que multa

El pasado martes estuve leyendo la información que había publicado el lunes The Economist (no se equivoquen: pertenezco a la última generación de la Ley Moyano de 1857, sólo puedo leer un francés raspado) sobre las multas lingüísticas aplicadas por la Generalitat por el uso de la lengua materna del 60% de los catalanes. Ya saben, por ser el pecado más patriótico que existe en esta Cataluña nuestra: no rotular en catalán las botigas. 57 multas en 2014; 68 en 2015, y en este primer trimestre de 2016 parecen desmelenarse con un centenar, que oscila entre los 1.000 y los 1.260 euros por barba, según les va.

Los inspectores son amateurs. Cualquiera puede delatar... No hace falta que sea de la ANC, también sirven los de Òmnium. Los que no dieron el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes a Josep Pla, por botifler.

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No he podido evitar acordarme de la tontura del gobernador civil de Barcelona de 1939. Digo tontura por no emplear un adjetivo más fuerte, porque ese mismo calificativo tendría que aplicar a quienes hoy imitan a ese gobernador civil cuyo nombre prefiero olvidar.

Al leer la referencia de 'The Economist', me ha retrotraído a esa página deleznable de nuestro pasado, y me da grima comprobar que aunque haya cambiado la lengua, el agravio sea el mismo

Puedo hablar porque un alma caritativa me envió la documentación. O sea que la historia va a misa. Estaban en mayo de 1939, III Año Triunfal. El gobernador civil hizo una visita a todos los pueblos de la provincia de BCN para ver sobre el terreno cuál era la situación real del territorio que debía administrar. Observó con pasmo que algunos establecimientos aún estaban rotulados en catalán. Nada más llegar al despacho del Gobierno Civil cursó una orden que el motorista entregó en mano al alcalde. Le pasó el marrón.

Le decía que le había sorprendido "desagradablemente" que tres meses después de haber sido "liberada" la ciudad aún hubiera comercios no rotulados con "la lengua oficial del Estado", y le instaba que debía de comunicar a los propietarios de las tiendas que si en el plazo de tres meses no hubieran normalizado la lengua, el establecimiento sería multado. No se especificaba la cantidad porque legalmente esas multas no existían. Se sancionaban, pero oficialmente esas multas no existían... Se destinaban a los servicios de comedores de Beneficencia del Auxilio Social. En tiempos de hambre se cambiaba lengua por pan negro.

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Que oficialmente no existieran, demuestra lo vergonzantes que eran esas sanciones. Bien, al leer la referencia de The Economist, me ha retrotraído a esa página deleznable de nuestro pasado, y me da grima comprobar que aunque haya cambiado la lengua, el agravio sea el mismo. Aunque hay algunas diferencias que sean igual de lacerantes, depende de la sensibilidad de cada hijo de vecino.

Esas multas ilegales las podía aplicar la dictadura en su etapa más dura, la inmediata postguerra, porque una condición sine qua non de cualquier dictadura es hacer lo que le salga del carajo. Al fin, el dictador lo era por la gracia de Dios. Solo a él debía su espada. Pero la democracia es otra cosa. No se puede multar si no existe ley sancionadora.

Lo más curioso del caso es que ahora la ley existe, y lo gracioso es que no fue aprobada por un Govern indepe, sino por el Govern Tripartit del cordobés de vino Montilla. Vale que la iniciativa no fue de don José, sino de Josep Lluís. Pero Montilla fue quien la firmó. Y es la que se aplica desde entonces.

Los británicos que hayan leído el artículo de 'The Economist' se habrán quedado ojipláticos por el hecho de que en una comunidad autónoma española se multe a un establecimiento que rotule en español

Los británicos que hayan leído el artículo de The Economist se habrán quedado ojipláticos por el hecho de que en una comunidad autónoma española se multe a un establecimiento que rotule en español. Y eso que esos curiosos lectores ignoran que el 60% de los catalanes tienen como materna esa lengua multada. Que una cosa tan esquizofrénica sea posible es digno de ir al programa de Iker Jiménez...

The Economist no es un semanario cualquiera, no es el boletín digital de La Marea de Podemos, sino que es la guía periodística de las élites económicas del mundo. Aunque es británico, más del 50% de sus lectores son estadounidenses, el 40% europeos y el resto de los países emergentes. Los ingresos de sus lectores superan los 100.000 dólares anuales. The Economist no contrata a becarios sino a periodistas económicos, y como es global ha especializado a sus profesionales por áreas geográficas. Nadie escribe a bulto, porque además sus reportajes no los firma nadie. Los asume The Economist. Son serios, no son The Sun. Vamos, que lo que publican va a misa. Es la perfección que tienen sus lectores.

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El president Puigdemont y sus vivales como el conseller de Afers Exteriors, Raül Romeva, lo tienen crudo para explicar con razones convincentes el por qué en Cataluña se sanciona el uso de un idioma tan extendido como es el castellano, que fuera de España se conoce como español. Debe ser que se pega como el sarampión. Una enfermedad que padecen 500 millones de hablantes de cuna. Esta política de hacer amigos por el mundo mundial no parece que sea eficaz para "internacionalizar el conflicto", como ellos pretenden.

Si no ellos, que lo expliquen los de la ANC, que el último 11 de Setembre aplaudían a rabiar a Gabriel Rufián porque tenía la osadía de hablarles en la lengua que multan.

En esta política surrealista todo es posible. Todo, menos que los indepes vean convertido sus sueños realidad...