El gigantesco expolio de los cursos de formación andaluces ya tiene imitadores. Como mancha de aceite, se ha extendido a Extremadura. Esta semana, la fiscalía anticorrupción denunció allí la existencia a una trama para apropiarse del dinero destinado a adiestrar a trabajadores en activo. Protagonizan el contubernio la Confederación Regional Empresarial, UGT, Comisiones Obreras y sendas fundaciones vinculadas a esas centrales sindicales.

El flamante escándalo deriva de otro de análoga naturaleza que se destapó en Andalucía hace más de dos años. El chanchullo ya se proyecta, pues, a dos comunidades autónomas.

Desde mordidas a diestro y siniestro, pagos sin justificación a los profesores o contratación como tales de individuos carentes de preparación alguna, hasta sobrecostes en el alquiler de los locales

El caso que acaba de desenmascararse por las tierras de los conquistadores anda todavía en las primeras fases de la investigación. De momento, las sumas que se barajan son peccata minuta comparadas con los 3.000 millones de euros que se evaporaron en Andalucía. Pero no se descarta que las subvenciones desviadas engorden de forma considerable a medida que avancen los rastreos policiales, tal como ha ocurrido en episodios similares.

Las mangancias perpetradas abarcan toda la panoplia de la picaresca que ya afloró en Andalucía. Van desde mordidas a diestro y siniestro, pagos sin justificación a los profesores o contratación como tales de individuos carentes de preparación alguna, hasta sobrecostes en el alquiler de los locales y en la compra de material didáctico, o abonos irregulares a sindicalistas ajenos a las tareas educativas, pasando por despilfarro a manos llenas de fondos públicos por todas las vías imaginables.

Para muestra, un solo botón. Gonzalo Rodríguez, alcalde socialista de la localidad onubense de Punta Umbría, donde poseía un restaurante, cargó a la Junta, como dispendios docentes, el jamón serrano y las bebidas alcohólicas que servía a los clientes de su establecimiento, así como las facturas de agua, luz y teléfono de éste.

Malversación sin precedentes

El tinglado defraudador de Andalucía se descubrió gracias a las pesquisas que la jueza Mercedes Alaya inició en 2014. Tenía por objetivo arramblar con enormes cantidades aplicadas, en teoría, a impartir enseñanzas a los parados.

De momento hay docenas de imputados. Entre ellos figuran cuatro exconsejeros de la Junta de Andalucía, Ángel Ojeda, Antonio Fernández, Manuel Recio y Antonio Ávila; y cinco ex directores generales, Francisco Javier Guerrero, Teresa Florido, Antonio Toro, Alejandra Rueda y Pedro Eugenio Gracia. Asimismo se acusa a varios delegados provinciales, responsables de consorcios y jefes sindicales.

La Junta habilitó las partidas presupuestarias con recursos procedentes en gran parte de la UE. Sólo en el periodo 2007-2013, recibió 2.875 millones de euros del Fondo Social Europeo para promover la reintegración de los parados a la vida laboral. Por su parte, el Gobierno español desembolsó otros 860 millones.

No solo se ha derrochado la pasta a manos llenas en cursos inútiles, sino que ha sido literalmente saqueado por un tropel de desaprensivos vinculados al PSOE andaluz

El fruto de estas impresionantes asignaciones se puede describir con precisión quirúrgica, pues es un hecho incontestable que aquella región apenas ha logrado comprimir una dramática tasa de paro que ronda el 30%.

En resumen, no solo se ha derrochado la pasta a manos llenas en cursos inútiles, sino que ha sido literalmente saqueado por un tropel de desaprensivos vinculados al PSOE andaluz.

Las irregularidades con la formación corren paralelas a las consumadas con los falsos expedientes de regulación. En estos últimos hay nada menos que 300 implicados. Despuntan entre ellos medio centenar de ex altos cargos de la Junta, incluidos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Los caudales que se han volatilizado ascienden a 850 millones, de los que todavía no se ha recuperado un céntimo.

Los últimos lustros han sido pródigos en desfalcos y latrocinios cometidos por políticos con mando en plaza. Pero lo de los cursos y los ERE andaluces supera todas las marcas anteriores. Su colosal dimensión alcanza récords nunca vistos hasta ahora por nuestros andurriales.